Como medida para detener la injerencia del crimen organizado en la contienda política en curso, el Instituto Federal Electoral (IFE) propondrá a los partidos políticos que sean ellos los que garanticen que sus candidatos cuenten con una trayectoria honorable y vigilen escrupulosamente la identidad de sus aportantes y proveedores.

Les pedirá también que denuncien ante este organismo –o ante las autoridades competentes– las amenazas en contra no sólo de sus abanderados o militantes o cualquier situación que constituya indicio de participación ilícita, al tiempo que pidan medidas de seguridad para garantizar la protección de sus oficinas, actividades, dirigentes, precandidatos y candidatos.

Lo anterior se lee en el proyecto de acuerdo del Consejo General IFE por el que se establecen medidas y compromisos de partidos y el IFE, para coadyuvar a fortalecer las condiciones de seguridad pública, legalidad y transparencia, durante el proceso federal 2011-2012.

El acuerdo responde así a la propuesta del Partido Revolucionario Institutcional (PRI), emitida la semana pasada, en la cual solicita que sea el gobierno federal quien informe a este partido si sus candidatos tienen antecedentes penales o se encuentran involucrados en alguna averiguación previa.

El IFE sugiere –a diferencia del planteamiento priísta– que sean los partidos los que comuniquen al IFE y, en su caso, “denuncien ante las autoridades de seguridad y justicia a nivel federal o local –por los mecanismos que consideren más seguros y confiables– cualquier anomalía, amenaza o situación que constituya indicio de injerencia ilícita o que ponga en riesgo las condiciones de legalidad y seguridad de los procesos electorales, o de cualquier precandidato, candidato, militante, simpatizante o autoridad electoral, a fin de que dichas autoridades tomen las medidas pertinentes”.

Como en el proceso federal anterior al presente, con miras a la jornada comicial del 1º de julio, el IFE retoma la petición a los partidos para que entreguen un listado de personas políticamente expuestas, esto es, los nombres de sus estructuras directivas en todo el país, así como de los responsables de sus finanzas.

El IFE se compromete a informar –a su Consejo General, donde hay representación de partidos políticos– de los pasos que dé, en coordinación con el gobierno federal, y ejecutar sin demora el rompimiento del secreto bancario para transparentar las operaciones de los partidos y aspirantes, así como detectar con oportunidad zonas de riesgo. De igual forma, reforzar las medidas que permitan prevenir y vigilar las fuentes de recursos de los partidos.

Además, establecer estrategias de propaganda y comunicación con sentido de responsabilidad, a fin de evitar señalamientos públicos sin sustento que impliquen calumnia respecto a involucramientos y participación de partidos, militantes, precandidatos o candidatos en presuntas actividades ilícitas.

El IFE, en tanto, reafirma que colaborará con los partidos políticos con orientación y, en su caso, capacitación y diseño de instrumentos para cumplir con sus compromisos de transparencia y fiscalización.

En el caso de las personas políticamente expuestas el IFE pide que esta lista sea lo más extensa posible de los integrantes de sus comités ejecutivos en todos los ámbitos territoriales; de los del resto de sus órganos directivos, y de sus miembros actuales en todos los cargos de elección popular, así como de sus actuales precandidatos y candidatos.

El texto será sometido a consideración del Consejo General el miércoles próximo. En esta sesión ordinaria, de acuerdo con fuentes consultadas, también se llevará a discusión la multa pendiente al Partido Verde por más de 270 millones de pesos.