La Secretaría de Gobernación se comprometió a gestionar la custodia que requieran los candidatos a puestos de elección popular y atender denuncias de abanderados locales, en coordinación con los gobiernos de los estados.

Reiteró que los partidos deben ser responsables de revisar perfiles y aceptar candidatos, cuya validez y legalidad para la elección de julio estará a cargo de los organismos electorales.

Precisó que la oferta de las garantías de custodia, con la participación del consejo de seguridad nacional, no representará intromisión o espionaje político alguno para a la autonomía de los gobiernos y órganos electorales o de los partidos.

El gobierno federal rechaza cualquier insinuación de espionaje a actores políticos; el Centro de Investigación y Seguridad Nacional es un órgano del Estado mexicano, dijo Obdulio Ávila, subsecretario de Gobierno.

Comentó que el convenio con el IFE, firmado en diciembre pasado, no será la única herramienta para impedir la intromisión del narcotráfico en las elecciones, también habrá protocolos de seguridad con los estados y operativos conjuntos.

Es necesario, añadió, reforzar las medidas que adopten los partidos para garantizar candidaturas sin vínculos con la delincuencia.