El joven indígena mazahua Hugo Sánchez Ramírez fue condenado a más de 40 años de prisión por los delitos de secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, pese a la gran cantidad de irregularidades en su proceso judicial, entre ellas que se encontraba con su familia el día en que se cometió el plagio del que lo responsabilizan, e incluso que uno de sus acusadores retirara los cargos contra él y se disculpara por haberlo señalado como culpable.

El caso, ventilado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –cuyos abogados asesoran hoy al afectado– inició el 21 de julio de 2007, cuando Sánchez se encontraba en una base de taxis del municipio de San José del Rincón, estado de México, donde trabajaba en un auto propiedad de su padre.

Alrededor de las ocho de la noche, partió con cuatro hombres a bordo hacia la comunidad de Villa Victoria. Cuando uno de ellos iba a descender del vehículo en el paraje conocido como El Catorce –recordó en entrevista con La Jornada el padre del afectado, Antonio Sánchez–, una patrulla le cerró el paso y en ese momento otros dos de los pasajeros se bajaron y salieron corriendo, lo que provocó que los agentes comenzaran a dispararle al auto.

Un grupo de policías municipales detuvo al joven mazahua y lo llevó a una casa particular, donde fue torturado para obligarlo a inculparse de portación de armas de fuego y cartuchos.

Nosotros somos taxistas y también nos dedicamos al campo. Mi hijo nunca hizo esa declaración que le pedían, por eso lo vuelven a torturar, amenazan con aventarlo a una presa y después se lo llevan a la presidencia municipal de Villa Victoria, donde se lo entregaron a la policía ministerial antisecuestro, recordó.

Aunque logró salir bajo caución el 22 de julio de 2007, Hugo fue convocado de nuevo por las autoridades el 8 de agosto para que acudiera a la alcaldía y le devolvieran el taxi en que trabajaba.

Sin embargo, en vez de hacer eso, la policía lo aprehende por segunda vez y se lo lleva al Centro de Readaptación Social de Santiaguito, acusado ahora de secuestro y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, delitos por los que fue sentenciado a más de 40 años de prisión.

En el transcurso del proceso en su contra, el indígena pudo demostrar que el día en que ocurrió el secuestro por el cual lo acusan, el 10 de marzo de 2007, estuvo en compañía de su familia cuidando a su abuela, quien estaba a punto de morir. Además, las víctimas del plagio se retractaron de su acusación, afirmaron que los agentes los habían orillado a señalarlo como responsable, y le ofrecieron una disculpa.

Ante el cúmulo de irregularidades, el 22 de junio de 2011 la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide atraer el caso, que aún permanece en espera de su resolución.

En breve charla telefónica desde el reclusorio, Sánchez dijo sentirse triste por la injusticia de estar aquí por un delito que no cometí. Lo único que quiero decirle a la Corte es que revise bien mi expediente y que no haga lo mismo que hizo el juez que me condenó. Que no me den otra mala noticia nada más por sacar el trabajo.