San Cristóbal de las Casas, Chis., 21 de enero. Una decena de comunidades tzeltales, tzotziles y choles, adherentes de la otra campaña, declararon este viernes que en Chiapas las estrategias de despojo representadas por Procede /Fanar en contra de la propiedad comunal y ejidal han sido la meta fundamental de Juan Sabines y de Felipe Calderón en este sexenio.

Los indígenas sostuvieron: Con los megaproyectos para el supuesto desarrollo sustentable, las ciudades rurales, el ecoturismo, el Prodesis, la Estrategia de Desarrollo de los Estados del Sur (EDES), consensuados en la Cámara de Diputados para implementar el corredor biológico, turístico y ecoarqueológico, se pretende despoblar y repoblar los territorios indígenas, hasta lograr un nuevo Cancún en Chiapas, consolidando el Corredor Biológico Mesoamericano para poner toda la riqueza natural de nuestras tierras y territorios en manos trasnacionales.

Esto explica, según pobladores de Zinacantán, Chilón, Venustiano Carranza, Ocosingo, Tenejapa, Teopisca y Villa las Rosas por qué los partidos políticos (PRI, PRD y PVEM) y los tres niveles de gobierno “han engrosado las filas de los tradicionales grupos de choque y paramilitares como Paz y Justicia, Uciaf y la Orcao, que hoy mantienen cercadas y amenazadas a las bases de apoyo zapatistas en los cinco caracoles autónomos”. Esto ha ocurrido desde 2010 en comunidades de los cinco caracoles: San Marcos Avilés (Oventic), Nueva Purísima y Nuevo Paraíso (La Garrucha), San Patricio (Roberto Barrios), Patria Nueva y Mártires (Morelia), y Monte Redondo (La Realidad).

Para la investigadora de la UNAM, Dolores Camacho, el Procede ha sido factor de conflictos en ejidos y entre organizaciones. En 1995 inició la división de terrenos en ejidos y comunidades, tras la modificación al artículo 27 constitucional. Todas las organizaciones independientes, e incluso la Confederación Nacional Campesina (CNC), se inconforman y no permiten que se inicie el proceso. Eso propició que las nuevas disposiciones no se aplicaran con la rapidez pensada.

Aún así, surgieron conflictos por los intentos de imposición de pequeños grupos aliados del gobierno. Las autoridades agrarias y gobiernos de todos los niveles iniciaron procesos de convencimiento a comisariados ejidales para que obtuvieran el respaldo de las asambleas en favor del proyecto, añade Camacho en entrevista. Presionada por el PRI, la CNC impulsó el programa, aunque la gente no aceptó fácilmente las decisiones cupulares. Había un plazo establecido para efectuar los deslindes. Por ahí inician presiones y ofrecimientos.

Durante 2000, la Procuraduría Agraria, el Tribunal Agrario y la delegación de Reforma Agraria presionaron a los indígenas para aceptar el Procede. “Organizaciones antes afines al zapatismo como Orcao y Cioac intentan ‘convencer’ a sus afiliados de ‘legalizar’ sus tierras, merced a negociaciones de sus líderes con el nuevo gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía”.

Estos acuerdos modificaron el compromiso de las organizaciones prozapatistas y propiciaron una lucha en ejidos y territorios recuperados conjuntamente con los zapatistas insurrectos. Las bases de apoyo del EZLN respetaron los acuerdos previos y su Ley Agraria Revolucionaria; “las organizaciones ‘independientes’ prefirieron gestionar la posesión legal”. Esto trajo problemas internos que hasta la fecha propician conflictos, según la investigadora.

La poca claridad con que se resolvió el conflicto por la tierra dejó espacios, aprovechados ahora para enfrentar a los zapatistas con organizaciones antes afines. La Ley Agraria Revolucionaria dispone que la recuperación de tierras es para apropiarse de un derecho violado, a lo largo de la historia de la población de las zonas indígenas. Según la analista, para los no zapatistas la toma de tierras fue ejercer un derecho procedente de las leyes que promueven el uso y la posesión de la tierra en forma individual. En territorios zapatistas, ello debe ser colectivo y dedicarse preferentemente a los productos básicos para sostener a las comunidades.