La alteración a la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) fue objeto de un profundo análisis e incluso motivo de tesis, en el grado de maestría, de Margarita Espino del Castillo Barrón, magistrada de ese organismo, quien en julio de 2011 acabó ese estudio y concluyó que fueron en total 71 artículos de esa ley los que se modificaron, que significan poco más de 50 por ciento de los 145 que la integran.

En el texto Nueva Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, del cual este diario posee copia, la impartidora de justicia administrativa asegura que al día siguiente de que apareció esa norma en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (GODF), el 10 de septiembre de 2009, en el TCADF se dieron cuenta de esa alteración.

La única versión que corrió en los diversos espacios de intercambio y opinión en el Tribunal (de lo Contencioso) era que al momento de publicar la ley, el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa (el 20 de agosto de 2009) había sufrido una mutilación importante, resalta el documento, que coincide con la información publicada por este diario el viernes 13 de enero, en la que se documentaron al menos 31 artículos cambiados. Pero, de acuerdo con la tesis de la magistrada, hoy se sabe que suman 71.

Es decir, más de 50 por ciento de los artículos que hoy se aplican en los procedimientos llevados ante el tribunal no corresponden a la votación unánime del pleno de la ALDF, refiere Margarita Espino, lo que para algunos ex diputados locales, como Francisco Chiguil, puede llevar a que se presenten amparos en contra de resoluciones del TCADF emitidas con una ley que no aprobaron los legisladores.

A lo largo de las 432 cuartillas que integran esa tesis, presentada ante la Barra Nacional de Abogados, se detalla cada uno de los 71 artículos cambiados. No se trata de una diferencia menor. Se alteraron más de 50 por ciento de los artículos aprobados por los diputados. Pero además, varios de esos cambios modifican radicalmente el contenido o el sentido en aspectos relevantes de la ley, sostiene.

Más adelante, Espino del Castillo Barrón trata de explicar qué pasó con dicha norma. En una primera explicación, la más benévola, considera que fue error de la Coordinación de Servicios Parlamentarios de la Asamblea, al incluir en el Diario de los Debates un dictamen que no era el final; otra hipótesis, imposible de probar, pero sugerente, es que el documento fue alterado en su tránsito de la ALDF al gobierno capitalino. Las modificaciones se pudieron haber hecho en la misma Asamblea Legislativa (...) o bien se pudieron haber hecho en la jefatura de Gobierno (...), lo cual es menos probable porque implicaría una grosera e ilegal injerencia de esta instancia.

Como quiera que sea, de lo que no parece haber duda es que se trata de un extrañísimo caso de proceso legislativo saturado de sospecha, concluye la magistrada el segundo capítulo de su tesis, antes de entrar en detalle al contenido de la nueva Ley Orgánica del TCADF y las alteraciones detectadas.