Más de 100 soldados han sido levantados tras comparecer de testigos en juicios, sostiene
Martes 24 de enero de 2012, p. 16
El compromiso del Ejército de apegarse estrictamente a la ley en el combate al narcotráfico ha cobrado facturas a los soldados y a la propia institución, ya que más de 100 militares han sido “desaparecidos o levantados” después de comparecer ante juzgados de los fueros federal o común, por su intervención en asuntos que concluyeron en procesos penales en el ámbito civil, señaló el procurador militar, general Jesús Gabriel López Benítez.
Luego de rechazar tajantemente el contenido del informe de Human Rights Watch (HRW), que afirma que hay impunidad para los soldados que violan los derechos humanos, el general López Benítez sostuvo ayer en entrevista con La Jornada que la situación es tan delicada que solicitó al Poder Judicial de la Federación que los militares que deban comparecer por estar involucrados en procesos penales –por ejemplo, por haber participado en tiroteos, detenciones o cateos a la delincuencia organizada– comparezcan por medio de videoconferencias o por exhorto con jueces de su localidad.
Reveló que militares que han tomado parte en operaciones de alto impacto
–como las que tienen lugar en Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua–, quienes fueron enviados a esos lugares por determinado tiempo para apoyar labores de seguridad pública, son citados después para comparecer como testigos, cuando ya regresaron a sus cuarteles de origen en otras entidades.
Meses después, cuando están en proceso los juicios, los jueces federales los citan y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en apego a la ley, envía a los soldados a que comparezcan.
Sin embargo, comentó, resulta que la gran mayoría de los 123 militares “desaparecidos o levantados” en lo que va del sexenio, nunca regresaron a su casa después de testificar o cuando habían salido de sus cuarteles.
Existen testimonios de que cuando los militares se dirigían a la central de autobuses, después de haber rendido su declaración, fueron subidos a camionetas por hombres armados y después ya no se supo nada de ellos.
La delincuencia organizada solicita la comparecencia de soldados que actuaron en operativos en contra del crimen organizado y hacen que comparezcan para cobrar venganza. Eso no sucedería si los soldados actuaran impunemente, subrayó.
Debido a la gravedad de los hechos, el alto mando de la Sedena ordenó que cuando un soldado desaparezca en esas circunstancias se le dé de baja por desaparición
, para que sus esposas o familiares reciban el apoyo económico y la protección social a que tienen derecho como deudos de militares que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.
El general insistió en que eso no existiría si los soldados relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos o que participaron en operativos en los que hubo muertos, lesionados, daños o víctimas colaterales quedaran impunes.
Tras descalificar el más reciente informe de HRW, el militar lamentó que para la elaboración de dicho documento la organización no tomara en cuenta ni siquiera los datos que la Sedena publica al respecto en su página web.
Destacó que, en cada acción, el soldado que dispara un arma, que resulta lesionado o que participó en un enfrentamiento en el que mueren agresores (en el sexenio la Sedena ha contabilizado 2 mil 30 agresiones, con un saldo de 2 mil 372 agresores detenidos, 367 heridos y 2 mil 239 detenidos en esos hechos) tiene que entregar un informe por escrito sobre su actuación.
Toda actividad de los militares está registrada y esa documentación se integra a las averiguaciones previas que inicia la Procuraduría Militar en cada caso en el que hay disparo de arma de fuego, heridos o muertos.
Comentó que en cada incidente relacionado con civiles se abren de inmediato dos averiguaciones previas; una, de la Procuraduría Militar, y otra de la procuraduría local o General de la República, según el caso.
Una vez adelantado el proceso, el juez militar decide si declina competencia, pero eso no significa que haya impunidad.
El militar reiteró el interés de la Sedena en demostrar su compromiso con la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
Expresó que los juicios contra militares son largos, pero porque los acusados –al igual que en el ámbito civil– solicitan la ampliación de plazos legales como estrategia de defensa, pero no porque exista intención de la Sedena de encubrir a nadie.
