Ciudad Juárez, Chih., 23 de enero. Jueces penales de los sistemas de justicia estatal y federal se niegan a procesar a José Antonio Acosta Hernández, El Diego o El Blablazo, jefe de La Línea –brazo armado y operativo del cártel de Juárez–, capturado el año pasado, por lo que una sala de distrito determinará qué instancia debe ocuparse de él.

Acosta Hernández está detenido en la ciudad de México desde agosto de 2011, cuando fue capturado en un operativo en el que participaron más de 200 elementos de la Policía Federal (PF) y militares.

Durante una entrevista realizada por agentes de la PF, filtrada a medios de comunicación en Chihuahua, El Diego aceptó haber participado u ordenado la muerte de al menos mil 500 personas, la mayoría en Juárez, incluyendo a las víctimas de la masacre de Villas de Salvarcar, otras en dos centros de rehabilitación, en el interior de centros de readaptación social, así como de Leslie A. Enríquez, empleada del consulado de Estados Unidos en Juárez, y de su esposo Arthur H. Redelfs.

El fiscal de Investigación y Persecución del Delito estatal, Jorge González Nicolás, dijo que un juez federal declinó juzgar el caso, aun cuando hay elementos suficientes que permiten establecer que el caso encuadra como delincuencia organizada, por el crimen de las personas ligadas al consulado el año pasado, y muchos otros elementos.

En Juárez, un juez de garantía declinó juzgar a El Blablazo y envió el expediente al Poder Judicial de la Federación, donde el juez noveno de distrito rechazó conocer el expediente, con el argumento de que esta instancia no es la competente para conocer del caso de las víctimas de homicidio vinculadas con el consulado de Estados Unidos.

González Nicolás indicó que ante este conflicto, un magistrado de segunda instancia determinará a cuál de las dos partes le corresponderá llevar el caso de quien fue el líder de La Línea en Chihuahua. Afirmó que cuando el juez federal declinó su compentencia, el juez de Garantía que conoció del caso aceptó recibirlo, por lo cual la fiscalía general del estado interpuso un recurso de revisión.

Nosotros consideramos que lo que tenemos al frente es un delito del orden federal, porque se trata de la muerte de las personas del consulado, además de que se debe recordar que es un asunto que inicia su preparación en el penal de La Tuna, en Estados Unidos, donde trabajaba una de las personas asesinadas y que presumiblemente fue lo que detonó estos asesinatos, dijo.

Expuso que no fue sólo El Diego el que mató directamente, sino varias personas quienes participaron en homicidios con armas de grueso calibre.