Ocupantes aseguran tener permiso de autoridades para construir
Miércoles 25 de enero de 2012, p. 34
Texcoco, Méx., 24 de enero. Por segundo día consecutivo, la presidencia municipal de Texcoco permaneció ocupada por pobladores de la comunidad de Santiago Cuautlalpan, quienes rechazan la invasión y el fraccionamiento de un predio de 38 hectáreas de esa localidad por integrantes de la organización priísta Antorcha Popular.
Unos 200 pobladores de Cuautlalpan instalaron un campamento fuera de la alcaldía, donde permanecían al cierre de esta edición. Las actividades en la presidencia municipal se suspendieron.
Manuel Rodríguez, delegado de Santiago Cuautlalpan, informó que el alcalde priísta Amado Acosta se ha negado a recibirlos pese a que en varias ocasiones le han pedido intervenir. Advirtió que permanecerán ahí hasta que les den una solución.
Recordó que a finales de noviembre pasado integrantes de Antorcha Popular invadieron un predio de 38 hectáreas conocido como Pimiango, en la localidad de Cuautlalpan, lotificaron y comenzaron a edificar viviendas con láminas de cartón y tabiques.
Gloria Brito Nájera, dirigente de los manifestantes, dijo que los antorchistas no cuentan con permisos de uso de suelo, licencias de construcción ni estudios de impacto ambiental, entre otros requisitos para construir, por lo que pidió la demolición de las viviendas.
El ex alcalde perredista Horacio Duarte Olivares, quien encabeza a los manifestantes, informó que durante el día personal del gobierno mexiquense les ofreció instalar una mesa de trabajo con diversas áreas, pero la rechazaron porque el presidente municipal no estaría presente.
Duarte exigió al gobierno del estado de México evitar que Antorcha Popular urbanice el predio, pues ello afectará la prestación de servicios y saturará las vialidades.
En conferencia de prensa en Naucalpan, Duarte dijo que el lunes pasado apoyó la ocupación del palacio municipal y que en Santiago Cuautlalpan no pasará el proyecto inmobiliario de los antorchistas
.
El proyecto empeoraría la insuficiencia de servicios públicos, pues implicaría la llegada de más de 10 mil habitantes, precisó.
Maricela Serrano, representante de la dirigencia estatal de Antorcha Popular, sostuvo que la ocupación del predio tuvo el aval del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis).
Se trata de una reubicación de familias que ordenaron el gobierno del estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues las familias se encontraban en un terreno denominado Hidalgo y Carrizo, en una zona protegida.
No estamos invadiendo porque contamos con todos los permisos. El predio nos lo entregó el Imevis y el dueño del predio, un particular, tiene un contrato de compraventa con el gobierno del estado
, dijo.