El programa anunciado por el gobierno federal para crear un sistema de créditos bancarios para estudiantes de educación superior es un complemento a los esfuerzos que ya se hacen para llevar a más jóvenes a las universidades. No va a sustituir las obligaciones del Estado, sostuvo Héctor Rangel Domene, director general de Nacional Financiera (Nafin), el banco de desarrollo que aportará los garantías financieras para echar a andar este nuevo esquema.

“Ha habido críticas, incluidas varias en La Jornada, de que cómo es posible que el gobierno federal participe. Lo que no se dan cuenta es que este programa es un complemento y que los recursos fiscales comprometidos son sólo 280 millones de pesos contra los miles y miles y miles de millones de pesos que están en la educación pública universitaria”, aseguró el director general de Nafin en entrevista con este diario.

En la medida en que haya más opciones para que los jóvenes vayan a la universidad será mejor para México. En la UNAM hay cientos de miles de rechazados, entonces los muchachos tienen que buscar una alternativa de educación privada. Las becas no son suficientes y este es un complemento que no va a sustituir nada de lo otro, afirmó, al referirse al Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, anunciado el 9 de enero pasado por el presidente Felipe Calderón para proveer de créditos a estudiantes de licenciatura y posgrado en universidades privadas del país.

Actualmente 2.7 millones de jóvenes del país cursan estudios universitarios, mencionó. De ellos, 70 por ciento, 1.9 millones, lo hacen en instituciones públicas y el resto en privadas. La educación pública, por definición, es gratuita y el Estado gasta miles de millones de pesos en este tema. Se han abierto en el último año 100 universidades públicas, además de que el gobierno tiene un programa de becas para estudiantes de menores ingresos y hay un fondo de más de mil millones de pesos para universidades estatales. En la parte privada, las propias universidades dan becas. Pero faltaba un componente de financiamiento para el pago de colegiaturas de los estudiantes, sostiene Rangel, al argumentar sobre la pertinencia de un programa que, a partir de su anuncio, ha generado críticas en sectores académicos y en el ámbito universitario.

“Este nuevo programa –argumenta– tiene virtudes. Una de ellas es que hace al estudiante más responsable porque sabe que al final de sus estudios debe pagar el crédito” con el que pagó su matrícula en una universidad privada.

El programa ofrece un financiamiento hasta de 215 mil pesos para que el estudiante cubra la inscripción o colegiaturas en una universidad privada. Durante los cinco años en que está cursando la carrera sólo cubre intereses; al concluir, tiene un periodo de seis meses de gracia y luego otros diez años para cubrir el capital. La tasa de interés es de 10 por ciento anual. Se trata de un costo de financiamiento, aseguró Rangel, más bajo incluso que el que paga un usuario de préstamo hipotecario, con la diferencia de que en el caso del crédito para pagar una universidad privada no hay una garantía en prenda como en la hipoteca.

Héctor Rangel Domene, director de Nacional Financiera, en entrevista con La JornadaFoto Carlos Cisneros

Explicó: el tope de 215 mil pesos de crédito a un estudiante universitario fue fijado en función de los ingresos que obtenga cuando se gradúe, para que el pago mensual no sea de más de 30 por ciento del ingreso futuro porque si no se sobreendeuda y luego no puede pagar. Es la misma regla que se aplica para los usuarios de financiamiento hipotecario.

El programa de crédito universitario se viene planeando desde hace un año y medio con siete universidades y el Banco Santander, informó. Explicó que la idea surgió de que los directivos de varias universidades privadas expresaron que tenían muchas solicitudes de ingreso y un número de becas disponibles que no alcanzaba a satisfacer las solicitadas. De ahí nace el tema y luego estuvimos viendo las experiencias en otros países, tanto en Estados Unidos, Brasil, Chile y Canadá, donde existen este tipo de programas, para ver la experiencia y evitar algunos problemas que se han tenido en algunos lugares.

Argumentó que muchos estudiantes que desean ingresar a la educación superior son rechazados por las instituciones públicas y entonces tienen que buscar una alternativa de educación privada. Las becas no son suficientes y es ahí donde entra este programa de créditos, como un complemento para estos muchachos que no pueden ingresar a una universidad pública porque los espacios son limitados o prefieren una universidad privada.

En el primer año se calcula que podrán ser colocados por los bancos hasta 23 mil créditos para estudios universitarios. Esta cantidad, explicó, equivale a 10 por ciento de la matrícula actual de las 22 universidades privadas que se han apuntado para participar.

“Es un esfuerzo y si funciona bien, el propio presidente se comprometió a meterle más recursos. Ha habido críticas, incluidos algunos artículos publicados en La Jornada, de que cómo es posible que el gobierno federal participe. Lo que no se dan cuenta es que, uno, esto es un complemento; dos, que los recursos fiscales comprometidos son 280 millones de pesos contra los miles y miles y miles de millones que están en la educación publica universitaria. Es un tamaño pequeño, es un proceso casi experimental de buscar un complemento, de dar una opción al muchacho que quiere estudiar en la universidad privada”. Agregó: unos podrán pagar, otros no podrán pagar; otros accederán a una beca, otros a una beca y a un financiamiento, lo que aquí estamos es ampliando las opciones para que más muchachos estudien, que es lo importante.

–¿Cómo se integra financieramente este programa?

–Parece la multiplicación de los panes, pero no es así. Se forma un fondo de contragarantía con los recursos fiscales y los recursos de las universidades. Son 280 millones de pesos. Ese fondo de contragarantía es el que está respaldando en parte el aval de Nafinsa a los bancos. Se multiplica casi por 10 porque los bancos se pueden apalancar diez veces. Cada peso de contragarantía permite dar 10 pesos de financiamiento. La participación de Nafin hace posible bajar la tasa porque nosotros le damos la garantía a las universidades hasta de 80 por ciento del riesgo. Este es un programa a un plazo largísimo.