Acapulco, Gro., 25 de enero. Maximino García Catarino, integrante de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), fue detenido por policías ministeriales de Guerrero y puesto a disposición de un juez, acusado de homicidio, informó hoy el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

La organización precisó que el sábado pasado García Catarino fue detenido en la comunidad de Juquila, municipio de Ayutla de los Libres, cuando se encontraba con su familia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a García Catarino medidas cautelares por considerar que corría grave riesgo tras la detención, desaparición, tortura y asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la OFPM, cuyos cuerpos fueron hallados el 20 de febrero de 2009.

El activista fue presentado ante Inocente Orduño Magallón, juez penal de primera instancia del distrito judicial de Allende, donde se le informó que fue detenido como parte de la causa penal 04/2012 por el homicidio de Juan Teodoro García. Este viernes el juez determinará la situación jurídica de García Catarino. Si es procesado Tlachinollan asumirá su defensa.

Abogados de la organización señalaron que García Catarino fue golpeado por sus captores y no fue puesto de inmediato a disposición del juez de Ayutla, lo que retrasó su declaración preparatoria.

La acusación, dijeron, contiene graves irregularidades y entre los testigos de cargo hay contradicciones evidentes; además, hubo manipulación deliberada del cuerpo del occiso.

Amnistía Internacional (AI) y la Organización Internacional Defensora de Derechos Humanos emitieron una acción urgente en la que piden al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, garantizar un juicio justo a García Catarino.

En un escrito que se difundió en Guerrero, AI exhortó a la comunidad nacional e internacional a que solicite a las autoridades de México que investiguen las denuncias de malos tratos de los que fue víctima el indígena tras su detención. Asimismo se exhorta a que se tomen las medidas necesarias para evitar nuevas torturas.

En la acción urgente, denominada Activista indígena frente a juicio injusto, se insiste en que debe garantizarse la defensa de Maximino García y corroborar que los cargos en su contra no tienen motivos políticos.