La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer la constitucionalidad de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal al negar el amparo a la Inmobiliaria Zaragoza, propietaria del hospital Central Oriente, donde el 21 de octubre de 2008 una mujer dio a luz, y después del alumbramiento los médicos que la atendieron le dijeron que su bebé había muerto; posteriormente la madre se enteró que la menor había sido vendida por 10 mil pesos, y finalmente, al cabo de un año logró recuperar a la menor.

Los ministros avalaron que la legislación capitalina indique que el procedimiento de extinción de dominio es “jurisdiccional y autónomo del de materia penal y que para su procedencia no es necesaria que se emita sentencia que determine la responsabilidad penal de los acusados.

Agregaron que basta con que existan pruebas suficientes para concluir que ocurrió un delito. Con ello, la Corte rechazó los argumentos de los abogados del hospital, quienes cuestionaron que este procedimiento no otorga certeza ni seguridad jurídica, ya que podrían coexistir dos verdades legales, que por un lado, el proceso de extinción de dominio acredite la existencia del ilícito y en el proceso penal no se demuestre la responsabilidad del inculpado, lo que resulta contradictorio.

La segunda sala señaló que era legal el procedimiento de extinción de dominio del inmueble, al haberse acreditado que éste sirvió de instrumento para cometer en los hechos los delitos de delincuencia organizada y tráfico de menores.

La sentencia subraya que además, quedó demostrado que Víctor Manuel Mancera González (apoderado legal de la inmobiliaria), Alfredo Rosas Ortiz y María Guadalupe Castro Morales se repartieron funciones para conseguir sus propósitos, ya que Mancera “aprovechando sus conocimientos médicos, efectuó la intervención quirúrgica en la que nació la menor hija de la víctima Vanessa Castillo Guzmán; mientras que Castro atendió a la recién nacida para que posteriormente, Ortiz buscara personas que quisieran al bebé para entregarlo a cambio de una suma de dinero.

Por otra parte, los ministros le dieron la razón a la señora Vanessa Castillo Guzmán, quien se había inconformado con la sentencia de un tribunal del Distrito Federal que impuso como reparación de daño moral, que fuera integrada a un proceso de sicoterapia especializada durante una sesión semanal por un año, con un costo estimado de 41 mil 80 pesos.

La Corte ordenó que el juez de la causa dicte una nueva sentencia en la que se valoren todos los argumentos de la víctima a fin de que obtenga la reparación del daño en los términos de ley. Los ministros aseveraron que la ley prevé que la autoridad puede decretar el remate de los bienes afectados para pagar deudas (en este caso, la madre como víctima estaría en primer término), o bien, si la autoridad se queda con el inmueble, tendría que pagar a la señora la parte de indemnización correspondiente.

También tendrá que analizar la situación del crédito de la víctima y prever que la indemnización sea suficiente. Como punto adicional, el juez tendrá que dilucidar si las terapias brindadas por un organismo público son indemnizatorias y si son independientes al derecho de la víctima a la reparación del daño.

Por la tarde, en conferencia de prensa, la consejera jurídica del DF, Leticia Bonifaz Alfonzo, explicó que la SCJN también determinó que a la víctima, Vanessa Castillo Guzmán, se le entregue un porcentaje del valor del inmueble, estimados en 56 millones de pesos, por concepto de indemnización. Dicha proporción deberá ser determinada por el juez de primera instancia que llevó el caso.

En cuanto al uso que se dará al inmueble, Bonifaz Alfonzo señaló que se analizará si puede ser utilizado como hospital del sistema de salud capitalino.

Sobre el proceso penal, el encargado de despacho de la PGJDF, Jesús Rodríguez Almeida, señaló que éste continúa.

El gobierno del DF tiene presentadas 105 demandas por extinción de dominio de inmuebles valuadas en 612 millones de pesos, de las cuales 15 han sido procedentes para que los inmuebles sean incorporados al patrimonio inmobiliario de la ciudad y seis se perdieron, el resto se encuentran en proceso de primera y segunda instancia o de apelación.