Ante la expansión de las mineras canadienses en el país y la destrucción ambiental que están generando en las comunidades rurales, una veintena de organizaciones sociales exigieron la cancelación de sus actividades, pues ha trascendido que el actual gobierno otorgó concesiones para la explotación en 600 mil hectáreas.

Ante la embajada de Canadá en México, integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio y Red Mexicana de Afectados por la Minería, entre otros, expusieron que 26 por ciento del territorio nacional ya está en manos de mineras, y de los 757 proyectos, 73 por ciento son canadienses.

En el caso de Oaxaca –señalaron–, la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver, ha generado violencia en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán. Es un saqueo lo que está haciendo, pues el costo de extracción por onza de plata es de 7.40 dólares, y la vende en 32.20. El proyecto es extraer 5 millones de onzas del metal, por lo que sus ganancias serán de 124 millones de dólares, de los cuales nada se quedará en la comunidad, explicó Bernardo Vázquez, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.

En tres años –narró–, la empresa generó divisiones y enfrentamientos entre los pobladores; en los primeros días de este año fue asesinado Bernardo Méndez Vázquez. Estos son los beneficios que están dejando esas empresas, advirtió.

Durante la protesta se habló de los casos del cerro de San Pedro y del llamado Cerro Pelón, en Real de Catorce, San Luis Potosí; la mina Caballo Blanco, en Veracruz, y de diversos casos en Michoacán, Chihuahua, Baja California, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guerrero y Chiapas.

Estas explotaciones mineras nos están quitando el agua y ponen en riesgo la vida comunitaria. Están saqueando el país