Guatemala, 26 de enero. El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, de 85 años, compareció hoy por primera vez ante la justicia para rendir declaración por una acusación de genocidio de civiles perpetrado durante su gobierno de facto (1982-1983), y tras escuchar los cargos hizo uso de su derecho de no declarar. Prefiero guardar silencio, dijo ante la jueza del caso.

Esta es la primera vez que el ex militar, ahora líder del derechista partido Frente Republicano Guatemalteco, presenta su declaración ante un juzgado y lo hace 12 días después de que perdió la inmunidad que tenía como diputado, al comenzar la nueva legislatura del Congreso el pasado 14 de enero.

Tras su arribo a la Corte Suprema de Justicia en la capital, la jueza Patricia Flores abrió la audiencia y pidió a fiscales del Ministerio Público que procedieran a leer a Ríos Montt los delitos que le imputan, ante una sala abarrotada, mientras afuera el proceso era seguido por cientos de activistas de derechos humanos y familiares de indígenas ultimados por el ejército.

El fiscal leyó los cargos imputados, entre los que sobresalen como los más graves los de genocidio y deberes contra la humanidad. En contraposición, la defensa reclamó inocencia aduciendo que su cliente no tuvo responsabilidad en las operaciones de la guerra de contrainsurgencia y que desde su cargo sólo dirigió planes políticos. En todo caso, su alegato es que sólo se le juzgue por omisión.

Tras escuchar a las partes, Flores decidió dejarlo sujeto a proceso por genocidio, aunque Ríos Montt regresó esta noche a su casa, pero bajo arresto domiciliario.

En el recuento de hechos imputados por la fiscalía en la audiencia se incluyen mil 771 muertes de civiles, hombres, mujeres y niños, de las cuales están documentadas 267 mediante pruebas científicas. Asimismo, se mencionaron mil 465 violaciones de mujeres, 29 mil desplazamientos de indígenas que comprendían 54 comunidades.

Matanza planificada

De acuerdo con el diario Prensa Libre, la fiscalía tiene un expediente con documentos, videos y declaraciones con los que busca señalar a Ríos Montt como responsable del diseño, planificación y supervisión de planes militares contrainsurgentes en su mandato.

Ríos Montt y miembros de su alto mando son acusados desde 2000 por la Asociación Justicia y Reconciliación de haber ordenado masacres en poblaciones indígenas durante la guerra civil que sufrió el país, de 1960 a 1996, y que dejó 200 mil muertos o desaparecidos.

Una de las estrategias aplicadas fue la conocida como tierra arrasada dirigida contra pueblos indígenas que podían ser colaboradores o parte de las guerrillas, lo cual llevó al exterminio completo de comunidades mayas no combatientes, según las denuncias.

En la Plaza de los Derechos Humanos, en las afueras de la Corte de Justicia, activistas montaron murales, esquelas de masacres, un ataúd y la leyenda Impunidad ni ayer ni hoy. A su vez, familiares de víctimas y sobrevivientes encendieron veladoras y colocaron imágenes de sus seres queridos.

La premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú, demandó además en 1999 a Ríos Montt ante la Audiencia Nacional de España, denuncia que incluye al fallecido presidente Romeo Lucas García (1978-1982) y al ex dictador Óscar Mejía Víctores (1983-86). Pero el caso contra Mejía fue suspendido porque la jueza determinó que no tiene las facultades físicas ni mentales para ir a juicio, según informes médicos.