Madrid, 26 de enero. La infanta Cristina –la segunda hija de los reyes de España– no será investigada por la justicia sobre la presunta trama de corrupción encabezada por su marido, el ex deportista de elite Iñaki Urdangarin, a pesar de que su nombre y su firma figura en una de las empresas, Nóos, creadas para el supuesto enriquecimiento ilícito a través de dinero público.

El fiscal que investiga el caso, en manos del juez José Castro, de Palma de Mallorca, no advierte algún indicio que confirme que la hija de los monarcas haya sido partícipe de las decisiones delictivas de las empresas fundadas por su esposo y avaladas por ella misma.

El caso del yerno del rey español Juan Carlos se circunscribirá al propio Urdangarin y sus principales socios en las empresas, con las que habría defraudado al erario público en más de 16 millones de euros en menos ocho años.

Cristina de Borbón es copropietaria con su esposo de un palacete de Pedralbes, a través de la sociedad Aizoon, que tuvo la sede en esa casa y que costó más de 6 millones de euros.

La fiscalía rechazó la petición de la acusación para que se instruya una causa a la hija de los reyes, bajo el argumento de que en ningún momento se describe una conducta de aquella que resulte incardinable en ningún tipo penal.

El fiscal del caso agregó: La hipótesis no se acompaña de la más mínima concreción, ya que la denuncia se basa exclusivamente en informaciones periodísticas y no contiene un relato de hechos.

La investigación al yerno del rey cuenta con pruebas que confirman las sospechas de que Urdangarin habría utilizado su condición de miembro de la casa real para llevar a cabo negocios personales, lo que afecta al erario público.

Según un informe que elaboró el Ministerio de Hacienda, entre 2002 y 2010 habría obtenido más de 16 millones de euros en contratos suscritos con 103 administraciones y empresas privadas.