Mérida, Yuc., 26 de enero. Genaro garcía Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, acordó con los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presionar para que el próximo periodo de sesiones se apruebe un paquete de iniciativas contra el crimen organizado, como la ley de cadena delictiva, reformar la de extinción de dominio, así como el Código Penal Federal y la ley de telecomunicaciones en materia de geolocalización de teléfonos, para ubicar a los delincuentes en tiempo real.

Durante una reunión con la bancada panista, García Luna afirmó –de acuerdo con los diputados asistentes– que la curva de violencia y asesinatos en el país ya alcanzó su máximo y ahora tiende a bajar. Asimismo, expuso que México se ubica en niveles bajos de asesinatos violentos respecto de otras naciones de América Latina.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando, informó que con García Luna también se convino impulsar una reforma al sistema de ejecución de sanciones, que permita separar a la población de los penales para terminar con la mezcla de reos de alta peligrosidad con delincuentes comunes o procesados sin sentencia.

En entrevista posterior al desayuno con el titular de la SSP federal, el legislador explicó que la iniciativa de ley de cadena delictiva, que está turnada a la Comisión de Justicia –presidida por el PRI–, busca atribuir la comisión de un delito a todos los integrantes de una banda criminal e incluso a quienes estén relacionados con ésta de manera directa o indirecta.

“Es decir, que si por ejemplo se detiene a una persona en posesión de un arma de fuego y con ésta se cometió un asesinato, también se le haga responsable de la muerte, aun si no existió flagrancia. La idea es que no salgan libres tan fácilmente como ahora, detalló el diputado.

También, el coordinador jurídico de la bancada, Óscar Arce Paniagua, refirió que parte del acuerdo con García Luna es descongelar la iniciativa en materia de extinción de dominio, que pretende no centrar el decomiso de los bienes de la delincuencia organizada hasta que se dicte una sentencia, sino que el Estado los incaute y los presuntos delincuentes comprueben que la posesión es legal; esto, independientemente del juicio penal.

Asimismo, dijo que García Luna propuso revisar la reducida aportación de los gobiernos municipales en el gasto destinado a sus policías. El titular de la SSP, dijo Arce, les expuso que los policías municipales tienen salarios de entre 3 mil y 4 mil pesos mensuales y complementan sus ingresos con lo que definió como subsidios de las bandas criminales, que –se estima– destinan 2 mil 500 millones de pesos a ese fin.

También argumentó ante los legisladores que los delitos de alta violencia –secuestros y homicidios– son menores a la media de hace 15 años. Nos dijo que estamos mejor. México es el mejor país de América Latina y está debajo del promedio de Colombia y Brasil, donde la media es de 15 y 18 crímenes violentos por cada 100 mil habitantes, y aquí es de 11.3, refirió Ovando.

Así como lo hizo el presidente Felipe Calderón el pasado domingo, cuando sostuvo que el principal problema de la delincuencia no son los capos sino los rateros que le vuelan la cartera a los trabajadores, García Luna dijo a los diputados que el no atender los ilícitos del orden común ha permitido que el tránsito de un asaltante a sicario se haya acelerado en el país. Ahora existe una línea muy delgada entre un ratero común y un asesino, dijo José Luis Ovando.

La reunión con García Luna fue la única del día con funcionarios del gabinete de Calderón, luego que la procuradora general de la República, Marisela Morales, canceló su asistencia porque debió viajar a Washington. Mañana está programado un desayuno con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez, y posteriormente con el titular de Gobernación, Alejandro Poiré.