Los tres juzgados de distrito especializados en ejecución de sanciones de presos federales han resultado insuficientes para atender la demanda de reos que han solicitado algún beneficio que la ley les concede.

De junio a diciembre pasado, los tres juzgados habían recibido 2 mil 350 escritos de demandas en las que presos pidieron la intervención del Poder Judicial Federal por alguna cuestión de carácter administrativo, como la preliberación.

Sin embargo, en ese mismo periodo sólo se han emitido 547 resoluciones en los tres juzgados, lo que implica un importante rezago respecto del total de escritos de peticiones que han presentado las personas presas en alguna cárcel del país con sentencias por delitos federales.

Desde el 19 de junio pasado todos los presos sentenciados en definitiva tienen derecho a que un juez, y no el Poder Ejecutivo, decida si pueden acceder a beneficios como preliberación.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) instaló para ello tres juzgados de distrito especializados en ejecución de sanciones –para atender a los presos federales–, luego de que se abandonó un proyecto original para designar a 16 juzgadores dedicados a esta tarea.

El Congreso de la Unión tuvo tres años para emitir una ley reglamentaria para esta reforma a la Constitución, publicada el 18 de junio de 2008, pero no lo hizo, por lo que los jueces se están basando en la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, que data de 1971.

Esos tres juzgados fueron instalados en Tlalnepantla, estado de México, y tienen jurisdicción en todo el país. El proyecto original contemplaba su operación en diez ciudades, pero negociaciones con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal llevaron a reducir la expectativa sobre la carga de trabajo.

Todas las peticiones cuyo trámite se inició antes del 19 de junio son resueltas por el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la dependencia, y los jueces sólo conocen asuntos planteados a partir del 19 de junio pasado. Actualmente hay alrededor de 23 mil presos que purgan condenas definitivas por delitos federales.