Mérida, Yuc., 27 de enero. La fracción del PAN en la Cámara de Diputados confeccionó una agenda de trabajo para el último periodo ordinario de sesiones que prácticamente retoma la aprobada en 2009, al inicio de la actual legislatura, mientras la titular de la Secretaría del Trabajo, Rosalinda Vélez, les pidió negociar con el PRI la aprobación de al menos los artículos de la reforma laboral en los que sí hay coincidencia.

La funcionaria, a quien hoy conoció la mayoría de los casi 50 legisladores panistas que se quedaron a la plenaria, hizo una presentación en computadora del comparativo de las iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo de panistas y priístas; sostuvo que la redacción es coincidente en 90 artículos a modi- ficar, como la legalización de la contratación por terceras empresas o outsourcing.

En otros puntos, como el límite para juicios ante las juntas de Conciliación y Arbitraje y el pago de salarios caídos, las diferencias son mínimas.

Por ejemplo, explicó el vice- coordinador económico del blanquiazul, Luis Enrique Mercado, el proyecto panista propone que concluidos los pleitos laborales, a los trabajadores sólo se les pague el equivalente a seis meses de salarios caídos, más intereses, pero el del tricolor considera el pago de un año sin intereses. En términos básicos, es lo mismo, dijo.

En contraste, al insistir en que la diputación panista se constituirá en el brazo político de Acción Nacional para los próximos comicios, el diputado Francisco Ramírez afirmó que las denuncias contra el PRI por obstaculizar reformas, como la laboral, no buscan convertir la tribuna de San Lázaro en una extensión de la campaña electoral.

“No hay guerra sucia. No es generar que no voten por ellos, sino poner en la mesa lo que ha hecho el PAN desde 1939”, y que ha sido el priísmo el que tenía la responsabilidad, por su mayoría, pero ha negado las reformas; aunque nunca es tarde, adujo.

Como se había anticipado, la agenda del PAN para el periodo de sesiones que empieza este miércoles recicla temas que no han podido aprobar en tres años, así como iniciativas del presidente Felipe Calderón que están en la congeladora, entre ellas la ley de seguridad nacional y el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales.

El vicecoordinador jurídico, Óscar Arce Paniagua, se limitó a afirmar que la iniciativa del nuevo código, que Calderón envió a San Lázaro el pasado 22 de septiembre, busca que la impartición de justicia sea democrática y protectora de los derechos humanos, con base en el debido proceso.

Sin embargo, no explicó que el proyecto pretende que, en caso de urgencia, se hagan detenciones sin aprobación judicial, que incluye el cateo de domicilios por denuncia anónima, revisión y grabación de personas y vehículos, el uso de llamadas telefónicas entre particulares (en los procesos) y conformar un cuerpo de agentes infiltrados.

De manera similar a la reforma que se plantea a la Ley de Seguridad Nacional, Calderón propuso que la policía grabe en video las inspecciones a vehículos, que en una conversación por teléfono una de las personas que participe en el diálogo lo grabe y lo entregue como prueba, y así no podrá argumentar la violación de la confidencialidad de las comunicaciones.

Aunque no se incluyó en el documento final de la agenda, Francisco Ramírez afirmó que la Ley de Seguridad sigue siendo prioridad para el PAN y consideró falso que el presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral, sea el único que tiene discrepancias con dicha reforma, que pretende legalizar los operativos militares en las calles.