Guadalajara, Jal., 27 de enero. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados revisará de forma minuciosa el acuerdo firmado por Felipe Calderón Hinojosa para distribuir 33 mil 800 millones de pesos para combatir los estragos de la sequía en cinco entidades federativas.

Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador de los priístas en San Lázaro, expuso que su bancada analizará el origen de los recursos, ya que no son fondos nuevos, sino de otras partidas autorizadas; su método de operación, plazos de aplicación. Se creará una comisión especial para darle seguimiento y vigilar la correcta aplicación de los recursos. También exigiremos incluir, con fondos adicionales, otras 14 entidades afectadas por los mismos fenómenos climáticos.

Al dar a conocer las conclusiones de la reunión plenaria de la fracción parlamentaria de su partido, Rojas Gutiérrez denunció que hay un esfuerzo propagandístico desde el gobierno federal para ocultar la realidad.

“A la violencia e inseguridad creciente que asuelan al país, se agrega un crecimiento económico que ha sido el más bajo en la historia reciente. La promesa sobre el empleo no se ha cumplido, los trabajos que anuncian como gran éxito son de baja calidad y de baja remuneración, y el mayor porcentaje de desocupados se concentra en personas de mediana edad, preparadas, en las que el país ya ha invertido para su capacitación y que ahora no pueden ser aprovechadas.

La clase media se ha empobrecido. Hay 12 millones de personas más que ingresaron a la pobreza patrimonial. La pobreza alimentaria crece a la par de la carestía, de la pérdida de seguridad alimentaria y de un desdén o insensibilidad social por atender eficazmente a los más necesitados. Las inversiones se han retraido y la planta productiva se ha contraído ante la falta de financiamiento y la competencia desleal.

Al cerrarse los trabajos de los priístas, su coordinador expuso tres grandes ejes de acción para el próximo periodo ordinario de sesiones: promover las medidas legislativas necesarias para restañar el estado de derecho. Segundo, cimentar el Estado que requiere el país, fuerte, incluyente y con sentido profundo de democracia y justicia social, y medidas indispensables para combatir el cáncer de la impunidad, la corrupción y la falta de rendición de cuentas.

En el terreno de la reforma política, los priístas aceptarán el acuerdo votado por el Senado impulsando el dictamen en comisiones de la minuta que fue devuelta a la Cámara de Diputados, cuyos temas están aprobados en ambas instancias.

“Por lo que se refiere a la consulta popular, nuestro grupo parlamentario aceptará la propuesta del Senado, que insiste en recuperar esa figura en sus términos originales y que había sido rechazada en votación anterior de la Cámara de Diputados, debido al sufragio negativo del PAN y del PRD, lo cual es de lamentar, para que no se pudieran disminuir los umbrales para facilitar el acceso a la población, tal como lo habíamos propuesto en su oportunidad en la Cámara de Diputados.

“En materia de seguridad y justicia, se apoyará la dictaminación de la ley sobre lavado de dinero y se considerará la integración de un fondo de atención a víctimas del delito, así como la promoción del mando único policial. Dictaminaremos y, en su caso, aprobaremos las leyes sobre extinción de dominio, trata de personas, amparo, responsabilidades de los servidores públicos y castigo a los delitos contra periodistas. Por lo que hace a la Ley de Seguridad Nacional, insistiremos en que se dictamine y llegue a los consensos necesarios, a pesar de los obstáculos y oposiciones que hemos encontrado en los últimos ya casi 12 meses.”