Pachuca, Hgo., 28 de enero. Unas 200 familias que ocupaban un predio de cuatro hectáreas en la colonia 20 de Noviembre de esta capital fueron desalojadas y sus precarias viviendas demolidas. El saldo es de una persona lesionada y un niño desaparecido, denunciaron los vecinos.

Acompañados de al menos 500 granaderos y policías investigadores, agentes del Ministerio Público y notarios acudieron a dar cumplimiento al mandato de un juez que falló en favor de Irma Monroy, quien acusó de despojo a Edith Ibarra, dirigente estatal de la Unión de Fuerza Indígena Campesina (UFIC), a la que pertenecen los desalojados.

Encabezados por Donaciano Millán Bayzabal, comandante de la Policía Estatal, los granaderos cercaron el lugar desde la noche del viernes y la mañana de este sábado. Quince trascavos demolieron las viviendas, mientras familias completas intentaban recuperar objetos de valor.

Edith Ibarra, ex regidora de Pachuca y aspirante perredista a diputada federal, fue arrestada el viernes y recluida en el penal de máxima seguridad de Jaltocan, en la región de la Huasteca, acusada de despojo agravado de terrenos.

Isidro Pedraza, dirigente nacional de la UFIC y candidato perredista al Senado, dijo que constituye una arbitrariedad fincar a Edith Ibarra ese delito, pues desde hace más de dos años ella había entablado pláticas con el gobierno estatal y le había de demostrado que la posesión de los predios se hizo de manera pacífica con documentos de compra-venta en mano.

Los terrenos, agregó, fueron adquiridos a la mamá de cuatro ex ejidatarios, que ahora reclamaron la posesión del predio por conducto de Monroy, pero en realidad se trata de una persecución política contra Ibarra, gestora de espacios para vivienda popular, pues contamos con documentación que avala la compra. Agregó que incluso la UFIC ha interpuesto una demanda civil contra los vendedores por incumplimiento del contrato de compra-venta y consideró que es ilegal la demolición de las viviendas en virtud de que no existe orden de la autoridad judicial competente y que tampoco se ha emitido una resolución de restitución de los predios.

El líder nacional de la UFIC denunció que esta agresión forma parte del acoso sistemático que mantiene el gobierno del estado contra el PRD en época electoral, con el fin de eliminar de la contienda a luchadores sociales con amplias posibilidades de triunfo.

El gobierno del estado informó que a estas familias se les apoyará en un albergue y alimentos.