Ante los casos de siembra de documentos falsos por servidores públicos en expedientes que tienen diversas instituciones del gobierno capitalino, relacionados con trámites en materia de obras y establecimientos mercantiles, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna, presentará una iniciativa de reforma al Código Penal, para tipificar esa conducta.

El legislador perredista explicó que el Código Penal sólo considera sanciones a quienes falsifiquen, alteren o hagan uso indebido de documentos oficiales, pero hay lagunas que deben subsanarse.

De hecho, consideró que esa situación ha dificultado la actuación pronta y eficaz de distintas autoridades, que al no poder fincar responsabilidades por la siembra de documentos falsos, han visto limitadas sus decisiones.

Por ello, añadió, en estos días formalizará su iniciativa en la ALDF, en la que plantea sanciones que van de cuatro a ocho años de prisión y de cien a mil días de salario mínimo de multa a quien introduzca un documento falso o alterado en archivos que se conserven en oficinas públicas.

Leonel Luna recordó que éste ha sido un tema muy sensible para la ciudadanía en los meses recientes, que las autoridades del Distrito Federal han enfrentado con todos los instrumentos a su alcance, pero resaltó que todavía se puede hacer más para blindar los documentos oficiales que obran en poder de las distintas dependencias del gobierno capitalino.

Comentó que ya se solicitó a la Contaduría Mayor de Hacienda que, de manera conjunta con la Contraloría General del Distrito Federal, revise el marco normativo y ubicar así los vacíos existentes en las leyes locales en el tema en mención, a fin de cancelar en definitiva la posibilidad de uso ilegal de documentos falsos para violentar la normatividades vigentes, como ha ocurrido con los certificados de derechos adquiridos.

Estas quejas se han presentado de forma reiterada en zonas como Polanco, Jardines del Pedregal y Verónica Anzures, entre otras, donde incluso las autoridades han tenido que enfrentar procesos judiciales y tenido que acatar resoluciones de tribunales administrativos en favor de los desarrolladores, dijo.