on el auge del neoliberalismo desde la década de 1980 y luego, aunada, la globalización, se afirmaba que Hayek había ganado la batalla a Keynes: el mercado, con las menores interferencias del gobierno, era el mecanismo esencial de regulación de los procesos económicos y las relaciones sociales.

La libertad individual era, para el primero, incompatible con la intervención del gobierno y más aun con el control que implicaba la planificación asociada tanto con el comunismo como con el fascismo. Para el otro, el capitalismo no podía recuperarse, sobre todo, luego de la crisis de 1929 sin políticas públicas que estimularan la demanda agregada, es decir, el consumo y la inversión del sector privado y el gasto público.

La crisis financiera de 2008 ha provocado un regreso del péndulo. Del libre movimiento internacional de mercancías y capitales y una mínima regulación de los mercados financieros, se ha vuelto de hecho a la fuerte intervención estatal. Ahí está el salvamento de los bancos comerciales, la gran inyección de dinero de los bancos centrales para prevenir la interrupción de las transacciones, y el rescate de la deuda pública de varios países europeos.

Además de la disputa ideológica y teórica entre aquellos dos economistas, hay cuestiones prácticas que deben considerarse en el modo de funcionamiento del capitalismo actual. El caso es que irremediablemente necesita del Estado.

A pesar del clamor de los políticos republicanos en Estados Unidos, sobre todo los más cercanos al Tea Party, por una menor presencia del Estado y el mayor espacio posible para la acción individual, éste ha intervenido decisivamente para prevenir un colapso económico, luego de los excesos financieros acumulados por muchos años.

El reciente discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Obama confirma esta tendencia. Planteó un Plan para un Estados Unidos construido para durar y que cubre una amplio terreno de intervención del gobierno.

El proyecto es muy explícito. Admite el enorme deterioro de la situación de las clases medias por la pérdida de empleos e ingresos y de la capacidad de consumo y ahorro. La desigualdad económica es hoy más grande que en muchas décadas.

En cuanto a la producción de manufacturas, propone crear empleos desestimulando la salida de la producción a otros países (outsourcing). Para ello habría incentivos fiscales para devolver empleos al país y se acabarían los beneficios por producir fuera. A esto se suma un estricto control de las relaciones comerciales con otros países, para prevenir las pérdidas que afectan la producción nacional.

Después del vaivén neoliberal del tipo Consenso de Washington, comprado sin regateo en México, resulta que sí hay política industrial y, también, una activa política de comercio exterior. No se trata sólo de liberalizar y firmar acuerdos de libre comercio a ultranza, como se ha hecho aquí.

Las propuestas de Obama están directamente relacionadas con el elevado nivel de desempleo que ha provocado esta crisis. El sector privado no responde suficientemente para la recuperación de los puestos de trabajo. El plan insiste en el reforzamiento de la educación y la capacitación, encaminado a elevar la productividad de la fuerza de trabajo y ligarla con los procesos de innovación basados en la investigación, de donde surgen las ventajas en el mercado.

Uno de los sectores que se señalan como aptos de este tipo de desarrollo es el de la energía, no sólo sustentado en el petróleo si no, sobre todo, en el gas natural, además de la llamada energía limpia, proveniente del aire y el sol. Una vez más ofrece mecanismos fiscales agresivos para incentivar las inversiones y la creación de empleos.

La infraestructura se identifica como un campo en el que ese país requiere una fuerte reconstrucción: caminos, puentes, redes eléctricas, conexiones de banda ancha de Internet.

Un apartado del plan trata de la regulación de las grandes empresas y del sector financiero, punto clave de las disputas políticas e ideológicas en un año electoral. Obama afirma que no dejará que el sector privado siga imponiendo condiciones sobre la sociedad, trátese de la contaminación de las petroleras, los instrumentos médicos defectuosos o el conjunto de trámites que deben cumplir las empresas más pequeñas y que previenen la competencia. En el caso del sector financiero dice que no podrá seguir jugando bajo sus propias reglas.

En fin, que este discurso surge directamente de las dificultades para contener los efectos de la crisis que se extiende ya por más de tres años. Además, está el entono internacional centrado en la fragilidad de la Unión Europea y, también, una mayor competencia de economías emergentes como China.

El mensaje debería escucharse bien en México. Es poco lo que puede o está dispuesto a hacer el gobierno actual. Pero el que se elegirá a mediados de año, cualquiera que sea, no podrá aislarse de una política proactiva del tipo de la planteada por Obama. Se necesitarán ajustes en esta economía que abran paso a un crecimiento con bases más amplias que las que se han creado, al ponerse detrás de la carreta de las exportaciones maquiladoras y la emigración de los trabajadores que mandan remesas.