En el periodo 1970-2010 el dinero ilegal que pasó por nuestro país ascendió a 872 mil mdd
Se trata de recursos derivados de actos de corrupción, revela la firma Global Financial Integrity
Martes 31 de enero de 2012, p. 8
China, México y Rusia encabezan la clasificación de econo-mías que presentaron los mayores flujos financieros ilícitos entre 1970 y 2010, según reveló un estudio elaborado por la firma Global Financial Integrity, que ayer fue dado a conocer en conferencia de prensa.
Según consta en el análisis titulado México: flujos financieros, desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida, la lista de países que presentaron mayores operaciones financieras ilegales fue producto de un estudio elaborado en 160 países.
Raymond Baker, director de Global Financial Integrity, precisó que cifras obtenidas de los reportes del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) refieren que al menos en el periodo 1970-2010 los flujos de dinero ilícito que pasaron por el sistema financiero mexicano alcanzaron 872 mil millones de dólares. Se trata, explicó Baker, de dinero obtenido de actos de corrupción y de la evasión de impuestos, mas no de delitos cometidos por el crimen organizado.
Precisó que estos cálculos son conservadores, ya que se obtuvieron sin tomar en cuenta factores como narcotráfico, trata de personas u otros delitos ligados a actividades de la delincuencia.
Estamos ante datos conservadores. En México consideramos que 872 mil millones de dólares han sido transferidos en el periodo de 40 años que va de 1970 a 2010. Ésta es una cifra que crece década con década. Año con año hacemos esta clasificación, de la que el primer lugar lo ocupa por mucho China y a México le corresponde el segundo lugar, seguido por Rusia
, informó Baker.
Global Financial Integrity es una organización estadunidense de carácter privado, que se dedica a promover políticas más estrictas contra el lavado de dinero internacional.
Al presentar el informe, Baker reconoció que es alarmante el incremento en la salida de dinero ilícito.
Durante los años 70, el monto promedio fue de mil millones de dólares, en los 80 llegó a 3 mil millones, para los 90 sumó 17 mil 400 millones y en la última década la cifra ascendió a 49 mil 600 millones de dólares.
El estudio destacó que entre los años 90 y 2000, la facturación fraudulenta representó 80 por ciento de los fondos ilícitos que salieron del país, cifra que aumentó con rapidez tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Explicó que esos flujos privan a México de los fondos necesarios para el desarrollo económico y reducen el ingreso fiscal que el gobierno necesita para financiar escuelas, hospitales, infraestructura, combate a la pobreza e incluso la lucha contra los cárteles del narcotráfico.
Los flujos ilícitos lideran la economía subterránea y contribuyen al deterioro de la gobernabilidad económica, lo que es a todas luces un peligro para el país. El combate a los flujos financieros ilegales tendrá impacto positivo en la reducción de la corrupción y en la actividad criminal en todo el país
, informó el documento.
Con el objetivo de combatir el sobreprecio, causante de 75 por ciento de los flujos ilícitos totales en el periodo analizado, Global Financial Integrity recomendó a las autoridades exigir el uso de programas de computación que detecten precios de importación y exportación muy alejados de las normas internacionales, y que las partes se comprometan por escrito a no incurrir en sobreprecio cuando realicen alguna transacción transfronteriza.
Para reducir la fuga ilícita de capitales, el grupo señaló la conveniencia de expandir los acuerdos de doble tributación; exigir un intercambio automático y transfronterizo de información fiscal sobre cuentas personales y corporativas, mejorar la supervisión para reducir la tendencia a sobornos y vigilar los centros financieros irregulares.
Baker insistió en que es primordial una mayor transparencia de las actividades financieras internacionales; incluso, México pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que le conceda acceso a mecanismos para el intercambio automático de información fiscal, tal como ocurre entre los gobiernos estadunidense y de Canadá.