Más de un centenar de organizaciones defensoras de los derechos humanos manifestaron su preocupación por que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) haya impugnado la sentencia de amparo dictada por un juez federal para que la investigación del homicidio del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas –quien fue asesinado por militares el 20 de junio de 2009– sea trasladada del fuero militar a los tribunales civiles.

Organizaciones civiles y personalidades como John M. Ackerman, Miguel Concha Malo, Karlos Castilla, entre otros, subrayan que al interponer el recurso de revisión en el caso de la ejecución extrajudicial por militares en contra de Rubio Villegas, la Sedena mantiene su postura de defender el fuero militar a toda costa, en discordancia con la resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que interpretó la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, así como la restricción del fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos de civiles.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recuerda que los hechos ocurrieron el 20 de junio de 2009, cuando Bonfilio Rubio Villegas fue asesinado por soldados del 93 batallón de Infantería del Ejército Mexicano, en un retén cerca de Huamaxtitlán, Guerrero.

Refiere Tlachinollan que los soldados revisaron el camión en el que viajaba el joven nahua, junto con otros 40 pasajeros. Luego de la revisión, el autobús emprendió la marcha y desde el retén, los militares abrieron fuego indiscriminado contra el vehículo, provocando la muerte de Rubio Villegas.

El Centro Tlachinollan, más de un centenar de organizaciones civiles y personalidades acusan que la Sedena “con este recurso da claras muestras de incumplir con las obligaciones jurídicas emanadas del orden constitucional vigente, muestra que el Ejército no se subordinará al control civil en tanto no se reforme el Código de Justicia Militar, en abierta contravención a lo afirmado por el presidente Felipe Calderón el 9 de diciembre de 2011.

“El Presidente dijo el 9 de diciembre de 2011: ‘hoy anuncio que he dado una instrucción fundamental a la Procuraduría General de la República y a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, a fin de que exploren mecanismos para que sin violentar la ley vigente que nos obliga, en los casos de violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de las fuerzas armadas, se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia en favor de jueces civiles’, y esta impugnación muestra lo contrario.”