abitantes de la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, hacen llegar su denuncia en contra la empresa canadiense Fortuna Silver Inc, que a través de su filial Minera Cuzcatlán ha venido operando en la región desde 2008 en la extracción de plata, provocando graves problemas sociales y ambientales, cuya última secuela trágica ocasionó el asesinato el 18 de enero pasado de Bernardo Méndez Vásquez y graves heridas a Abigaíl Vásquez Sánchez. No hubo consulta alguna para la apertura de la mina, y su imposición fue obra de autoridades corruptas que aconsejaron la vía de la acción directa, como suele ocurrir en un país donde los gobiernos de los tres niveles son obsecuentes con las corporaciones extranjeras y violentamente autoritarios contra quienes se oponen a la enajenación de ya 26 por ciento del territorio nacional concesionado a los proyectos mineros, de los cuales 73 por ciento son de empresas canadienses.

Los agresores, armados presuntamente con fusiles R-15 –que fueron identificados por los pobladores y es posible observarlos en fotografías–, son nada menos que el actual presidente municipal, Alberto Mauro Sánchez, quien junto con el regidor, Gabriel Pérez Ruiz, y otros sujetos que se ostentan como policías municipales abrieron fuego ese día contra quienes han manifestado su firme oposición a la explotación minera en sus territorios, que lejos de traer beneficios ha ocasionado daños significativos y una ruptura de los lazos comunitarios.

El gobierno del estado de Oaxaca pretende minimizar los graves acontecimientos aduciendo que es un problema político, pero omitiendo información vital sobre la responsabilidad de la empresa minera en el origen y desarrollo del conflicto. Personeros de la minera intervinieron burdamente en el proceso electoral local para que candidatos afines a su proyecto de explotación quedaran en los principales cargos de la autoridad municipal. Quienes resultaron elegidos se han dedicado a proteger los intereses de la empresa y a actuar en contra del mandato de los ciudadanos, generando una pugna intracomunitaria y atacando las formas representativas y de democracia directa propias de la vida comunal.

Con el apoyo económico de la corporación minera y el aval incondicional de las autoridades municipales a su servicio, se integró una asociación civil llamada San José Defendiendo Nuestros Derechos, cuyos integrantes, con el apoyo armado de cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno, han llevado a cabo en estos años distintas acciones represivas contra los opositores a la empresa, hasta que el 18 de enero perdió la vida Bernardo Méndez Vásquez.

En este contexto de impunidad, de violación flagrante de garantías y de daños ecológicos, los pobladores destacan lo aberrante que resultan los reportes sobre el beneficio económico de la empresa, que recientemente dio a conocer que los costos de producción de una onza de plata en la mina San José son de 7.40 dólares. Si el precio de compra actual de la onza es de 32.20 dólares, se tiene una ganancia de 24.80 dólares por cada onza del metal que se produce. Según estimaciones de la propia empresa, la mina estaría produciendo anualmente 5 millones de onzas de plata, lo cual se traduciría en 124 millones de dólares de ganancias por ese periodo. Antonio Elio Brailovsky, en su artículo Contaminación y minería, afirma: “Cualquier estudiante de economía podría preguntarse cómo hacen las mineras para generar grandes ganancias, teniendo en cuenta el costo de remover y tratar miles de toneladas de roca para obtener una pequeña cantidad de los minerales buscados. La respuesta es que, a diferencia de otras actividades industriales, la gran minería no hace gestión integral de sus residuos peligrosos: simplemente los acumula. El secreto de la rentabilidad es ese: dejar los residuos peligrosos sin tratamiento… Estos residuos peligrosos pueden filtrar al subsuelo y desbordar en los ríos y arroyos” (Comunicación electrónica, 25/1/2012).

De estos ingresos económicos los pobladores de San José del Progreso no han recibido nada. Por el contrario, el agua, que significa la vida y la preservación de la sustentabilidad para las generaciones venideras, ahora se canaliza en grandes caudales para la minera, que representa muerte, fraccionalismo y destrucción. El líquido vital, utilizado con anterioridad para la siembra de alimentos, ahora sirve para paliar la sed de los lucros privados.

San José del Progreso es un caso emblemático de lo que ocurre no sólo en Oaxaca, sino también en Guerrero, Chihuahua, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas y otros estados más donde se está en espera de que más territorios sean entregados a los concesionarios por los gobernantes vendepatrias.

Mientras tanto, los pobladores de San José del Progreso demandan el cierre definitivo de la Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Inc, a la que se acusa de violaciones graves a los derechos humanos, y a la que se identifica como autor intelectual de las agresiones contra la oposición comunitaria a partir de 2008. Con toda razón, reclaman la desaparición de poderes del municipio y el castigo a los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos contra sus pobladores. Asimismo, solicitan audiencia inmediata con el gobernador del estado y la reparación del daño a los deudos de Bernardo Méndez Vásquez. Sin embargo, ¿puede alguien reparar el daño generado por un asesinato? Se exige también el cese a la represión contra los luchadores sociales en todo el país y la expulsión de todas las corporaciones mineras del territorio nacional, por atentar contra nuestra soberanía, la paz social y contra la integridad y la vida misma de los mexicanos. Demandas absolutamente elementales.