Con la reforma al artículo 24 constitucional la Iglesia católica no obtiene beneficios, pues éstos se lograron en 1992, con los cambios al artículo 130, y quienes ganan son los ciudadanos, no las iglesias, pues la libertad religiosa es un derecho humano, coincidieron representantes de la arquidiócesis de México y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Manuel Corral, asesor de la presidencia de la CEM, consideró que las iglesias, como instituciones, no necesitan la libertad religiosa, pues ya tienen reconocidos sus derechos con la apertura de las relaciones Estado-Iglesia, que se dio durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, y apuntó que la reforma al artículo 24 es un acto de justicia.

José de Jesús Aguilar, subdirector de radio y televisión de la arquidiócesis, apuntó también que con la reforma no se privilegiaría nada a la Iglesia, sino a la libertad de todos los mexicanos. Señaló que hay una mala interpretación de lo que es un Estado laico, pues se confunde con el impedimento de creer en algo.

Por su parte, Corral rechazó que dichas modificaciones constituyan la intromisión de la Iglesia dentro de las escuelas públicas. ¿Cómo vamos a impartir religión en las escuelas, cuando no hay suficientes ministros de culto para hacer las liturgias y tampoco catequistas?, señaló.

Dijo que las protestas del pasado miércoles en diversas ciudades obedecen a la ignorancia y desinformación de los grupos opositores a la reforma, pues la Iglesia católica siempre ha dicho que si el Estado no es laico, se convierte en dictadura.