San Salvador Atenco, Méx., 3 de febrero. En México más de cien mil personas se encuentran desplazadas de manera forzada de sus comunidades de origen, aseguraron representantes de por lo menos 20 organizaciones campesinas, sociales y estudiantiles, en el segundo Encuentro Nacional de Desplazados, en este municipio mexiquense.

Las agrupaciones, que forman un frente para apoyar a los poblaciones que viven este problema, exigieron la desaparición de grupos paramilitares en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, así como garantías a los gobiernos federal y estatales para que los desplazados retornen a sus comunidades.

En el encuentro, la Unión Campesina Independiente de Puebla, Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, representantes del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, así como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestros de la Universidad Autónoma Chapingo definirán las acciones a seguir con marchas, foros y encuentros.

En el auditorio ejidal de San Salvador Atenco, líderes y miembros de dichas organizaciones compartieron experiencias de desplazamiento forzado en el país, en busca de formar una coordinadora nacional para enfrentar el problema.

Víctor Castillo, de San Juan Copala, denunció que a más de un año de las mesas de diálogo entre habitantes y los gobiernos federal y de Oaxaca, este último ha actuado del lado de los grupos paramilitares y todavía 120 familias se encuentran desplazadas.

Explicó que el pasado fin de semana, 70 familias pretendieron regresar a su comunidad, pero no pudieron hacerlo debido a que no había condiciones de seguridad.

Bartolomé Melchi Santiago, de la UCI de Puebla, expuso el caso de 517 familias de Huitzilán de Serdán, desplazadas por la represión en su contra, ejercida desde 1983 por la organización priísta Antorcha Campesina. Dijo que en la actualidad 10 compañeros se encuentra presos en los penales de Tapexi y San Miguel en Puebla.

Ignacio del Valle Medina y Martha Pérez, del FPDT afirmaron que el responsable del desplazamiento forzado es el Estado y el capitalismo, vía Ejército y policías, así como por sus proyectos neoliberales.

Las agrupaciones exigieron solucionar las demandas de las familias afectadas por el taponamiento del río Grijalva, en Chiapas y reparar los daños a los desplazados de la colonia Emiliano Zapata, en Tuxtla Gutiérrez, y el municipio de Frontera Comalapa.

Expresaron su rechazo al proyecto Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco que la Comisión Nacional del Agua pretende desarrollar en ejidos de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán.