unque es aún invierno, los maestros democráticos viven una nueva primavera. Ayer, 3 de febrero, decenas de miles de ellos tomaron festivamente las calles de la ciudad de México y realizaron un paro de labores para exigir la derogación definitiva de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y sus instrumentos: evaluación universal, prueba Enlace y carrera magisterial.

Se trata de una nueva primavera porque la actual jornada de lucha impulsada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) parece ser el inicio de una movilización nacional de largo aliento por la democratización del sindicato magisterial y en defensa de la educación pública, como no se ha visto en el país desde 1989.

La nueva etapa de lucha retoma la resistencia de años anteriores, profundizándola. En 2007 protestaron contra las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) que privatizó parcialmente la seguridad pública. Un año más tarde, estalló el descontento en Morelos y varios estados del país en contra de la ACE.

La manifestación de ayer recuerda las jornadas de lucha de febrero-julio de 1989, cuando los maestros democráticos acabaron con el cacicazgo de Carlos Jonguitud Barrios. La protesta de este viernes tuvo el mismo tono fresco, imaginativo, alegre, aguerrido de las protestas de hace 23 años. Una generación de profesores jóvenes, con pocos años de servicio, que ven amenazado su futuro profesional, ha tomado el relevo de la lucha sindical.

Desde un día antes se trasladaron a la ciudad de México unos 35 mil trabajadores de la educación de Oaxaca, la mitad de quienes trabajan en la entidad. Cerca de 8 mil lo hicieron en una caravana motorizada, en la que también participaron mentores de Chiapas, Puebla, Tlaxcala y Guerrero. Durante el recorrido difundieron y explicaron en las poblaciones a su paso las razones de su malestar.

Entre el magisterio de la capital del país, el descontento se extiende. En esta ocasión muchos más maestros suspendieron actividades de los que lo hicieron el pasado 18 de enero: pararon cerca de 80 por ciento de las escuelas primarias del Distrito Federal y más de 100 secundarias. La presencia de los mentores michoacanos fue muy numerosa: entre 10 y 12 mil. De Guerrero llegaron 5 mil profesores.

El tono general de la protesta fue de un gran encono hacia Elba Esther Gordillo, las autoridades educativas, Felipe Calderón y los organismos privados empeñados en denostar a la educación pública y al magisterio. Una y otra vez la multitud exigió no sólo la expulsión de Gordillo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sino su encarcelamiento.

La creciente rabia de los maestros democráticos proviene de su convicción de que la obligación de someterse a evaluaciones de certificación implica la renuncia a derechos laborales adquiridos en materia de estabilidad, permanencia, preferencia y escalafón. Sostienen que es el camino para justificar su despido.

No es una sospecha infundada. Alonso Lujambio, titular de la SEP, advirtió el 19 de octubre de 2010: un maestro de primaria o secundaria pública que de manera reiterada obtenga bajos niveles de desempeño, al medir el aprendizaje de sus alumnos y después de someterse a exámenes de actualización, será sancionado hasta con el despido.

El Acuerdo para la Evaluación Universal fue signado el 31 de mayo de 2011 entre Elba Esther Gordillo y Alonso Lujambio. Retoma una serie de recomendaciones que la OCDE hizo a México en materia educativa. En una de ellas se sugiere que los profesores de enseñanza básica que tengan bajo desempeño de manera permanente sean excluidos del sistema educativo.

El acuerdo señala que los docentes se han evaluado voluntariamente por medio de la Carrera Magisterial y que no se cuenta con un esquema universal que permita obtener diagnósticos de sus competencias profesionales y de su desempeño. Por ello –establece– se evaluará a la totalidad de los docentes frente a grupo, de manera obligatoria. El mecanismo para evaluarlos es un examen estandarizado diseñado por empresas que se dedican al negocio de la evaluación educativa.

Los maestros democráticos afirman que no se oponen a la evaluación, pero que ésta debe ser formativa, integral y no punitiva. Objetan la medición del trabajo docente por medio de una prueba estandarizada que ignora las distintas realidades socioeconómicas del país y la experiencia de los maestros. Señalan, además, que la evaluación tiene que hacerse extensiva a Alonso Lujambio, Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón.

Evidencia de la rebelión en curso es la negativa de los mentores a presentarse al examen que la SEP quiere hacerles el 23 y 24 de junio próximos. Miles de ellos decidieron que no asistirán en sus días libres a hacer una prueba. ¿Cómo le harán las autoridades educativas para forzarlos? Por lo pronto, casi 90 por ciento en el Distrito federal no llenaron las células de evaluación enviadas por la burocracia educativa. Simultáneamente, están buscando acordar con los padres de familia que sus alumnos no presenten la prueba Enlace.

La protesta magisterial se extiende en un momento muy delicado para Elba Esther Gordillo. Una espada de Damocles pende sobre su cabeza. El 16 de marzo se termina la toma de nota que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) le dio para estar al frente del SNTE, por lo que, a partir de esa fecha, su representatividad quedará en el aire y su comité en la ilegalidad. Para seguir en el cargo, tendrá que negociar con el gobierno federal en plena temporada electoral.

Una vez más, los maestros democráticos muestran su voluntad de renovar la enseñanza por medio de la movilización por sus derechos básicos, y de defender la educación pública a través de la lucha sindical. Su primavera en pleno invierno anuncia una temporada política con nuevas incertidumbres.