i de mejorar servicios se trata, ya la primera generación de reformas tecnocráticas resultó un esférico fracaso. ¿Qué deparará una segunda?

El eslabón inicial de la cadena: la descentralización soberonista de los años 80 –el cambio estructural–, seguido del que consumaron Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles –el programa de reforma sectorial– durante los 90 zedillistas, culminaron ambos hundiendo los servicios en una ruta de caos y descontrol que, hasta ahora, no sólo no ha sido reconocida: tampoco ha sido corregida.

Hace poco, Juan Ramón de la Fuente consideró que por un lado, se tiene una descentralización y por el otro una centralización en el principal financiamiento del sistema de salud, lo que lleva a contradicciones que en los hechos tienen repercusiones.

Y Narro agregó: supuestamente, existen servicios descentralizados. Pero la verdad es que la descentralización es parcial y hay una tendencia a pensar en re-centralizar algunos servicios.

Sobre estos yerros, de por sí ya mayúsculos, se montó el tercer eslabón: la reforma financiera del Seguro Popular de Julio Frenk y Eduardo González Pier. El petulante Sistema de Protección Social en Salud tampoco logró mejorar la prestación del servicio médico, aunque sí duplicó las onerosas estructuras burocrático-administrativas que atienden a la población abierta. Hoy por hoy su federalismo sanitario, dictado a conveniencia de la Secretaría de Hacienda, naufraga en la más absoluta de las descoordinaciones. El estado del sector salud en el Guerrero de los perredistas Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre es un caso prototípico y emblemático.

Cuadro al que sólo hay que agregar la continuidad de Felipe Calderón empeñado en el mito de la cobertura universal y su Seguro Médico para una Nueva Generación que, cuatro años después de su electorero implante, apenas empezó a contemplar incorporar –en sólo tres estados y a manera de programa piloto– la prueba del tamiz neonatal.

Dígase lo mismo del igualmente fallido último eslabón de esa contrahecha cadena: la reforma Zedillo al IMSS de 1995 y, aún más grave, la de Calderón –y el PRI de Gamboa y Beltrones– al Issste de 2007. En términos estrictos, sucede justo lo contrario de lo que se presumió como su objetivo: son reformas más caras que las leyes que abrogaron y los servicios no sólo están peor, están mucho peor. Sólo han complicado el asunto público.

Para decirlo en el curioso lenguaje de José Luis Carazo, representante de los trabajadores (CTM) en el Consejo Técnico del IMSS: la infraestructura, a pesar de su crecimiento, no lo hace en proporción a las necesidades de una población derechohabiente cada vez más demandante y creciente. En una encuesta de satisfacción –realizada por Transparencia Mexicana, de Federico Reyes Heroles– se sostuvo que 23 por ciento de los usuarios consultados expresó motivos de descontento con la atención recibida. El 23 por ciento representa a miles de derechohabientes que diariamente enfrentan largas esperas para una cita, en especialidades o para una operación; que observan las áreas de urgencias cada vez más saturadas y, en ocasiones, viven situaciones caóticas al no poder darse respuesta al número de pacientes que reclaman un servicio oportuno; la lucha por un lugar en una guardería o la oportuna atención al tramitar su pensión.

¿Qué sigue? Para seguir mejorando servicios, el ocaso calderonista sólo atisba publicitar una segunda generación de reformas, ya anticipadas por Peña Nieto, Beltrones y su asesor Santiago Levy, que acanallándose sobre un sector que –sin acabar de atinarle– ya padece ¡30 años! de reformas.

Para mejorar servicios, el secretario saliente, José Angel Córdova, estimaba que había llegado el momento de enterrar el IMSS y el Issste dilatando simultáneamente el mercado privado. ¿Cómo? Unificando los esquemas de financiamiento de IMSS, Issste y Ssa como parte de la integración funcional del sector.

Córdova quería consolidar la separación del seguro médico de otros seguros como los de retiro y el de maternidad de IMSS e Issste para que se manejen en presupuestos independientes: uno para la atención médica, cuyo financiador sea el Estado y que el usuario se pueda atender en una unidad pública o privada, y otro para pensiones.

Por el mismo camino pretende avanzar su sucesor, Salomón Chertorivski (el más fiel de los tecnócratas calderonistas), para quien lo que necesitamos es generar un financiador único de la salud, con un paquete único, financiado con impuestos generales y proveedores múltiples. Esto hoy sí es posible. Exactamente lo mismo recita el responsable del Seguro Popular, David García Junco.

Todo ello, ¡por supuesto!, para mejorar servicios vía una segunda generación de reformas que dilate el mercado privado de atención médica y entierre definitivamente al IMSS y al Issste. No sorprende que esa nueva ola de reformas, tan tecnocráticas como la primera, sea incapaz de contemplar un sistema único, como los que hoy funcionan venturosamente en el mundo. Su propósito no es integrar, sino separar: canalizar la cuantiosa bolsa pública hacia consorcios de establecimientos privados en competencia.

¿Será que para su éxito Calderón, Karam y Eduardo González Pier intentarán pasar nuevamente por encima de los trabajadores del Seguro Social –con la complicidad del diputado panista Valdemar Gutiérrez Fragoso, impugnado secretario general del SNTSS– liquidando de un plumazo a ¡319 mil trabajadores! tal y como buscaron hacerlo, hasta ahora sin fortuna, con la extinción de LFC y los 44 mil del SME?

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco