ntes de las elecciones que definirán al nuevo titular del Ejecutivo federal y re-novarán las cámaras de senadores y de diputados se han reiniciado los trabajos del Congreso de la Unión. Derivados del nuevo bloque de constitucionalidad existente a partir de la publicación de la reforma en materia de derechos humanos hay varios temas que nos interesa colocar en el debate nacional.
En el apartado transitorio de esa reforma se estableció un plazo máximo de un año de vacatio legis para la expedición o reforma a las leyes del régimen reglamentario, a partir de su entrada en vigor el 10 de junio del año pasado. A saber, la ley reglamentaria del tercer párrafo del artículo primero; la ley reglamentaria del artículo 11 en materia de asilo; la ley reglamentaria del artículo 29 en materia de suspensión de garantías, y la ley reglamentaria del artículo 33 para el caso de expulsión de extranjeros. Asimismo, la adecuación a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya fue aprobada en parte el miércoles pasado en el Senado, y las armonizaciones correspondientes en las legislaciones locales en lo que se refiere a la autonomía de los organismos estatales de derechos humanos, a partir de lo establecido en el apartado B del artículo 102 vigente.
Todo lo anterior sin omitir la discusión y aprobación de la propuesta de una ley de seguridad humana y ciudadana, cuyo eje central sean las personas y no las instituciones del Estado. Actualmente se conocen además cinco proyectos de ley de víctimas de diferente autoría. La más antigua es la que presentaron tres senadores panistas el 18 de marzo de 2010, que es una ley federal de víctimas del delito. Otra más reciente es la propuesta del PRD presentada ya ante el Congreso, llamada ley general de protección y reparación integral para las víctimas de violaciones a derechos humanos. Otras tres, que no se han presentado, son la que elaboró un equipo de especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, denominada ley general de atención y protección de derechos de las víctimas; una ley general de víctimas, elaborada con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y una iniciativa de ley federal de atención integral a víctimas del combate a la delincuencia organizada.
Vienen a cuento estas referencias porque en el debate entre organismos de derechos humanos, especialistas y expertos, reflejado en los nombres que se le han dado a los diferentes proyectos, subyace una discusión conceptual de trascendental definición acerca de si la ley de víctimas que se expida deberá ser la que reglamente el tercer párrafo del artículo primero y la ley reglamentaria del apartado C del artículo 20 constitucionales, o si debe haber una ley reglamentaria para cada uno de los artículos, o si debe ser una general o federal, o si solamente debe ser una norma que atienda a víctimas de la delincuencia y del delito, o si debe ser una ley de víctimas de violaciones a derechos humanos. Este deberá ser uno de los primeros temas a definir. En relación con las otras leyes, cuyo plazo de expedición vence el 10 de junio próximo, no conocemos ninguna propuesta para los artículos 11 y 33.
En lo que se refiere a la ley reglamentaria del artículo 29 existe una iniciativa de ley presentada a fines de abril de 2011 por un senador panista, que podría ser la base de una propuesta mucho más completa e integral si se incorporan los fundamentos establecidos en 1984 por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en los Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los grupos parlamentarios tienen un compromiso, asumido durante el diálogo en el Castillo de Chapultepec el 28 de julio de 2011, con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que deberán honrar. Además de la expedición de la ley de víctimas, los legisladores ahí presentes se comprometieron a apoyar la figura del auditor ciudadano de la Policía Federal, presentada por el director del Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo; a federalizar el delito de desaparición forzada de personas, cuya propuesta fue presentada por Fabián Sánchez, fundador de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; a crear una comisión de la verdad, y a la integración de cinco ciudadanos al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Como se ve, no son pocos los temas de la agenda de derechos humanos que siguen pendientes en esta Legislatura, que está viviendo sus últimas semanas de actividades, lo que inquieta a muchos ante la perspectiva de que no se avance en la concreción de los mismos. Por ello, un nutrido, plural y representativo grupo de personalidades, junto con organizaciones de la sociedad civil, vinculados con los derechos humanos, la justicia a las víctimas de la violencia y la seguridad humana y ciudadana, apoyan la posibilidad de que la especialista y consultora Eliana García Laguna llegue al Congreso federal como diputada, pues se considera que representaría dignamente las causas ciudadanas y sociales enarboladas por quienes han dedicado por años sus esfuerzos a la defensa y promoción de los derechos humanos, la justicia y la seguridad, dado el compromiso vital que también por años ella ha asumido con esta agenda.
