El titular del séptimo tribunal unitario con sede en Jalisco, Isidro Avelar Gutiérrez, concedió un amparo contra la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito al ex subdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Félix Moreno Díaz, a quien la Procuraduría General de la República (PGR), acusó de enriquecimiento ilícito por más de 33 millones de pesos. La decisión del juzgador se debió a que el agente del Ministerio Público Federal solamente enlistó los datos que le proporcionó la Secretaría de la Función Pública, sin realizar ninguna corroboración del delito, no buscó información de los bienes que supuestamente adquirió con dinero obtenido de manera ilícita, y los dictámenes contables son inverosímiles.

De acuerdo con la sentencia emitida, la PGR acusó a Moreno Díaz de haber adquirido un yate de manera ilegal –y para dar realce al caso filtró información de la averiguación previa a un medio de comunicación–, además de que supuestamente no comprobó el aumento de su patrimonio y la legal procedencia de las adquisiciones de inmuebles, y vehículos, que en total suman 33 millones 99 mil 292 pesos, eso con base en dictámenes emitidos por peritos adscritos a la dirección general de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, pero ninguna de esas actuaciones tuvieron valor probatorio, según el juzgador.

La PGR tampoco pudo acreditar que el ex funcionario de la CFE recibiera dinero de manera ilegal –a manera de sobornos para beneficiar con contratos a empresas con sede en Estados Unidos–, para pagar los estudios de su hijo en la escuela militarizada Saint John’s Northwestern Military Academy, porque ni siquiera consiguió documentos que comprobaran que el descendiente de Moreno Díaz tomara clases en esa academia.

Luego, la PGR dio por buena la información que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le envío y en la cual se menciona que Moreno Díaz recibió diversas cantidades de dinero, con la finalidad de favorecer a las empresas que celebrarían contratos millonarios con la CFE, además de que le dieron facilidades para la adquisición de la embarcación que le fue incautada por funcionarios de la PGR. Sin embargo, esta dependencia no realizó ninguna investigación ni confirmó los datos y no obtuvo ninguna prueba de la culpabilidad del ex funcionario.

El magistrado Avelar Gutiérrez consideró que las determinaciones con las cuales se acusó a Moreno Díaz, tanto por parte de la PGR como de la Función Pública, trastocaron los derechos fundamentales del incriminado, y que en relación con la cantidad de 10 millones 770 mil 30 pesos que dice la Función Pública fueron recibidos por el inculpado, en depósito en diversas cuentas bancarias, es importante hacer notar que en las operaciones realizadas por la SFP no se tomaron en consideración las devoluciones de impuestos federales, depósito de pago por alimentos o viáticos efectuados a Moreno Díaz por la CFE, es decir, ese dinero que la PGR consideró ilícito, según el juzgador fue un ingreso legal.