Además de ser el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera es uno de los intelectuales de izquierda latinoamericanos más relevantes en el continente. Aunque su carrera original es la de matemático (la estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México), se formó como sociólogo en la cárcel y en la práctica.

Él ha teorizado la experiencia de transformación boliviana como nadie lo ha hecho, es decir, con originalidad, profundidad y frescura. Y la experiencia boliviana hoy es una referencia obligada y cada vez con mayor ascendencia en el movimiento popular latinoamericano. García Linera conoce y domina a profundidad el marxismo clásico, pero está muy lejos de ser doctrinario. Su pensamiento está muy influido por la obra de Pierre Bordieu.

En entrevista con La Jornada, el vicepresidente señala que el hecho fundamental que se ha vivido en el actual proceso de transformación política en curso es que los indígenas, que son mayoría demográfica, hoy son ministros y ministras, diputados, senadores, directores de empresas públicas, redactores de constituciones, máximos magistrados de la justicia, gobernadores; presidente. Este hecho –señala– es la mayor revolución social e igualitaria acontecida en Bolivia desde su fundación.

García Linera caracteriza el modelo económico de su país como posneoliberal y de transición poscapitalista. Un modelo que ha recuperado el control de los recursos naturales que estaban en manos extranjeras para colocarlos en manos del Estado, dirigido por el movimiento indígena.

–Hace seis años que ustedes gobiernan Bolivia. ¿Se ha avanzado realmente hacia la descolonización del Estado?

–En Bolivia, el hecho fundamental que hemos vivido ha sido que aquellas personas, mayoría demográfica antes y hoy, los indígenas, los indios, a quienes la brutalidad de la invasión y los sedimentos centenarios de la dominación habían establecido en el propio sentido común de las clases dominantes y las clases dominadas, que estaban predestinados a ser campesinos, obreros de bajo oficio, artesanos informales, porteros o meseros, hoy son ministros y ministras, diputados, senadores, directores de empresas públicas, redactores de constituciones, máximos magistrados de la justicia, gobernadores; presidente.

“La descolonización es un proceso de desmontamiento de las estructuras institucionales, sociales, culturales y simbólicas que subsumen la acción cotidiana de los pueblos a los intereses, a las jerarquías y a las narrativas impuestas por poderes territoriales externos. La colonialidad es una relación de dominación territorial que se impone a la fuerza y con el tiempo se ‘naturaliza’, inscribiendo la dominación en los comportamientos ‘normales’, en las rutinas diarias, en las percepciones mundanas de los propios pueblos dominados. Por tanto, desmontar esa maquinaria de dominación requiere mucho tiempo. En particular el tiempo que se necesita para modificar la dominación convertida en sentido común, en hábito cultural de las personas.

“Las formas organizativas comunales, agrarias, sindicales del movimiento indígena contemporáneo, con sus formas de deliberación asambleística, de rotación tradicional de cargos, en algunos casos, de control común de medios de producción, son hoy los centros de decisión de la política y buena parte de la economía en Bolivia.

“Hoy, para influir en los presupuestos del Estado, para saber la agenda gubernamental no sirve de nada codearse con altos funcionarios del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo, de las embajadas estadunidense o europeas. Hoy los circuitos del poder estatal pasan por los debates y decisiones de las asambleas indígenas, obreras y barriales.

“Los sujetos de la política y la institucionalidad real del poder se han trasladado al ámbito plebeyo e indígena. Los llamados anteriormente ‘escenarios de conflicto’, como sindicatos y comunidades, hoy son los espacios del poder fáctico del Estado. Y los anteriormente condenados a la subalternidad silenciosa hoy son los sujetos decisores de la trama política.

“Este hecho de la apertura del horizonte de posibilidad histórica de los indígenas, de poder ser agricultores, obreros, albañiles, empleadas, pero también cancilleres, senadores, ministras o jueces supremos, es la mayor revolución social e igualitaria acontecida en Bolivia desde su fundación. ‘Indios en el poder’, es la frase seca y despectiva con la que las señoriales clases dominantes desplazadas anuncian la hecatombe de estos seis años.”

–¿Cómo caracterizar el modelo económico que se ha puesto en práctica? ¿Es una expresión del socialismo en el siglo XXI? ¿Es una modalidad de posneoliberalismo?

–Básicamente posneoliberal y de transición poscapitalista. Se ha recuperado el control de los recursos naturales que estaba en manos extranjeras, para colocarlo en manos del Estado, dirigido por el movimiento indígena (gas, petróleo, parte de los minerales, agua, energía eléctrica); en tanto que otros recursos, como la tierra fiscal, el latifundio y los bosques, han pasado a control de comunidades y pueblos indígeno-campesinos.

“Hoy el Estado es el principal generador de riqueza del país, y esa riqueza no es valorizada como capital; es redistribuida en la sociedad a través de bonos, rentas y beneficios sociales directos de la población, además del congelamiento de las tarifas de los servicios básicos, los combustibles y la subvención de la producción agraria. Intenta priorizar la riqueza como valor de uso, por encima del valor de cambio. En ese sentido, el Estado no se comporta como un capitalista colectivo propio del capitalismo de Estado, sino como un redistribuidor de riquezas colectivas entre las clases laboriosas y en un potenciador de las capacidades materiales, técnicas y asociativas de los modos de producción campesinos, comunitarios y artesanales urbanos. En esta expansión de lo comunitario agrario y urbano depositamos nuestra esperanza de transitar por el poscapitalismo, sabiendo que también esa es una obra universal y no de un solo país.”

–¿Cómo se ve desde Bolivia el proceso de integración regional? ¿Qué papel juegan Estados Unidos y España? ¿Qué espacio tienen China, Rusia e Irán?

–El continente latinoamericano está atravesando un ciclo histórico excepcional. Gran parte de los gobiernos son de carácter revolucionario y progresista. Los gobiernos neoliberales tienden a aparecer como retrógrados. Y a la vez, la economía latinoamericana ha desplegado iniciativas internas que le están permitiendo afrontar de una manera vigorosa los efectos de la crisis mundial. En particular, la importancia de los mercados regionales y la vinculación con Asia han definido una arquitectura económica continental de nuevo tipo. Hay que apostar por profundizar esta articulación regional y, si es posible, por proyectarnos como una especie de Estado regional de estados y naciones. Comportarnos como Estado regional en el ámbito del uso y negociación planetaria de las grandes riquezas estratégicas que poseemos (petróleo, minerales, litio, agua, agricultura, biodiversidad, industria semielaborada, fuerza de trabajo joven y calificada..), e internamente, respetar la soberanía estatal y las identidades nacionales regionales que tiene el continente. Sólo así podremos tener voz y fuerza propia en el curso de las dinámicas de mundialización de la vida social.

–¿Hay un papel activo de Wa-shington para sabotear la transformación boliviana en curso?

–El gobierno estadunidense nunca ha aceptado que las naciones latinoamericanas puedan definir su destino porque siempre ha considerado que formamos parte del área de influencia política para su seguridad territorial, y somos su centro de acopio de riquezas, naturales y sociales. Cualquier disidencia a este enfoque colonial coloca a la nación insurgente en la mira de ataque. La soberanía de los pueblos es el enemigo número uno de la política estadunidense.

“Eso ha pasado con Bolivia en estos seis años. Nosotros no tenemos nada contra el gobierno estadunidense ni contra su pueblo. Pero no aceptamos que nadie, absolutamente nadie de afuera nos tenga que venir a decir lo que tenemos que hacer, decir o pensar. Y cuando como gobierno de movimientos sociales comenzamos a sentar las bases materiales de la soberanía estatal al nacionalizar el gas; cuando rompimos con la vergonzante influencia de las embajadas en las decisiones ministeriales; cuando definimos una política de cohesión nacional enfrentando abiertamente las tendencias separatistas latentes en oligarquías regionales, la embajada de Estados Unidos no sólo apoyó financieramente a las fuerzas conservadoras, sino las organizó y dirigió políticamente, en una brutal injerencia en asuntos internos. Eso nos obligó a expulsar al embajador y luego a la agencia antidrogas de ese país (DEA).

“Desde entonces los mecanismos de conspiración se han vuelto más sofisticados: se usan organizaciones no gubernamentales, se infiltran a través de terceros en las agrupaciones indígenas, dividen y proyectan liderazgos paralelos en el campo popular, como quedó recientemente demostrado mediante el flujo de llamadas desde la propia embajada a algunos dirigentes indígenas de la marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el año pasado.

“En todo caso, nosotros buscamos relaciones diplomáticas respetuosas, pero también estamos atentos a repeler las intervenciones extranjeras de ‘alta’ o ‘baja’ intensidad.”

–Desde algunos sectores de izquierda se ha señalado que el bloque conservador ha logrado rearticularse y tomado la ofensiva, mientras el movimiento social que llevó al MAS al poder ha sido absorbido por la política institucional. ¿Es correcta esta apreciación?

–Hoy el bloque conservador, de oligarquías extranjerizantes, no tiene un proyecto alternativo de sociedad capaz de articular una voluntad general de poder. El horizonte de la actual política boliviana está marcado por un trípode virtuoso: la plurinacionalidad (pueblos y naciones indígenas al mando del Estado); la autonomía (desconcentración territorial del poder), y la economía plural (coexistencia articulada por el Estado de diversos modos de producción).

“Derrotado temporalmente el proyecto neoliberal de economía y sociedad de la derecha, lo que hoy caracteriza a la política boliviana es la emergencia de ‘tensiones creativas’ en el interior del mismo bloque nacional-popular en el poder. Pasados los grandes momentos de ascenso de masas, donde se construyó el ideario universal de las grandes transformaciones, el movimiento social vive en algunos casos un proceso de repliegue corporativo. Tienden a prevalecer por momentos intereses locales por encima de los nacionales, o las organizaciones se enroscan en pugnas internas por el control de cargos públicos. Pero también emergen nuevas temáticas no previstas sobre cómo conducir el proceso revolucionario. Es el caso del tema de la defensa de los derechos de la madre tierra, tensionados con la exigencia también popular de industrializar los recursos naturales.

Como se ve, se trata de contradicciones en el interior del pueblo, tensiones que someten a debate colectivo el modo de llevar adelante los cambios revolucionarios. Y eso es sano, es democrático y es el punto de apoyo de la renovación vivificante de la acción de los movimientos sociales. Aunque también se trata de contradicciones que podrían ser usadas por el imperialismo y las fuerzas de derecha agazapadas que de modo ventrílocuo y travestido proyecten sus intereses de largo plazo, a través de algunos sujetos populares y de discursos aparentemente altermundistas y ecologistas.

–En septiembre del año pasado, la marcha de los pueblos indígenas en defensa del TIPNIS y en contra de la construcción de una carretera fue reprimida por la policía. El hecho fue presentado ante la opinión pública como la pérdida de apoyo indígena al gobierno de Evo Morales. Se afirmó que el gobierno boliviano se empecinó en construir la carretera porque había recibido apoyo económico de la empresa petrolera brasileña OAS. ¿Es cierto?

–La población indígena en Bolivia, al igual que en Guatemala, es mayoritaria respecto del resto de los habitantes. El 62 por ciento de los bolivianos son indígenas. Las principales naciones indígenas son la aymara y la quechua, con cerca de 6 millones de personas ubicadas principalmente en el altiplano, los valles, las zonas de yungas y también en tierras bajas. Otras naciones indígenas son los guaraníes, moxeños, yuracares, chiman, ayoreos y otras 29 que habitan la Amazonia, la Chiquitania y el Chaco en tierras bajas. La población total de estas naciones de tierras bajas se estima entre 250 mil y 300 mil habitantes en total.

“El conflicto sobre el TIPNIS ha involucrado a algunos pueblos indígenas de tierras bajas, pero se mantiene el apoyo de los indígenas de tierras altas y valles, que son 95 por ciento de la población indígena de Bolivia. Y de los indígenas movilizados, la mayor parte eran dirigentes de otras zonas que no son precisamente del TIPNIS, pero que cuentan con un apoyo sistemático de organismos no gubernamentales ambientalistas, varias de ellas financiadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), además del respaldo de las principales redes de comunicación televisiva privada, de propiedad de viejos militantes de la oligarquía separatista, y con amplia influencia en la construcción de la opinión pública de clase media. Estos días ha llegado a La Paz otra marcha, también de indígenas de tierras bajas, y con mayor presencia de indígenas del TIPNIS, que demandan la construcción de la carrtera por el parque, argumentando que no es posible que se los margine de los derechos a la salud, educación y transporte, a los que hoy sólo pueden acceder después de días de caminata.

“El problema es complejo. Están entremezclados temas propios del debate revolucionario, como el del difícil equilibrio entre el respeto a la madre tierra y la necesidad urgente de vincular al país después de siglos de devertebración aislacionista de regiones. Está el debate entre la relación orgánica y el liderazgo de los pueblos indígenas de tierras altas en el Estado plurinacional, diferente a la relación aún ambigua con el Estado plurinacional por parte de los pueblos indígenas de tierras bajas.

“Pero también está de por medio la estrategia de la oligarquía regional cruceña de impedir esa carretera, que desvincularía la actividad económica de toda la Amazonia de su control empresarial. Está el interés estadunidense de resguardar la Amazonia como su reservorio de agua y biodiversidad, y el de promover divisiones entre los liderazgos indígenas para crear condiciones para la expulsión de los indígenas del poder estatal. Está el interés de algunas ONG acostumbradas a hacer grandes negocios privados con los parques.

En todo caso, en medio de esta trama de intereses, como gobierno tenemos que tener la capacidad de resolver democráticamente las tensiones internas, y de develar y neutralizar los intereses contrarrevolucionarios que muchas veces se visten de ropaje seudorrevolucionario.

–¿Por qué construir esa carretera a pesar de la oposición de una parte de la población?

–Por tres motivos. El primero, para garantizar a la población indígena del parque el acceso a los derechos y garantías constitucionales: agua potable para que los niños no se mueran de infecciones estomacales. Escuelas con profesores que enseñen en su idioma, preservando su cultura y enriqueciéndola con las otras culturas. Acceso a mercados para llevar sus productos sin tener que navegar en balsas una semana para vender su arroz o comprar sal 10 veces más cara que en cualquier tienda de barrio.

“El segundo motivo, la carretera permitirá vincular por primera vez la Amazonia, que es una tercera parte del territorio boliviano, con el resto de las regiones de los valles y altiplano. Bolivia mantiene aislada a la tercera parte de su territorialidad, lo que ha permitido que la soberanía del Estado sea sustituida por el poderío del patrón de hacienda, del maderero extranjero o el narcotraficante.

Y el tercer motivo es de carácter geopolítico. Las tendencias separatistas de la oligarquía, que estuvieron a punto de dividir Bolivia en 2008, fueron contenidas porque se les derrotó políticamente durante el golpe de Estado de septiembre de ese año, y porque parte de su base material, la agroindustria, fue ocupada por el Estado. Sin embargo, hay un último pilar económico que mantiene en pie a las fuerzas retrógradas de tendencias separatistas: el control de la economía amazónica, que para llegar al resto del país, obligatoriamente, tiene que pasar por el procesamiento y financiación de empresas bajo control de una fracción oligárquica asentada en Santa Cruz. Una carretera que vincule directamente la Amazonia con los valles y el altiplano reconfiguraría radicalmente la estructura de poder económico regional, derrumbando la base material final de los separatistas y dando lugar a un nuevo eje geoeconomico al Estado. Lo paradójico de todo esto es que la historia haya colocado a algunos izquierdistas como los mejores y más locuaces defensores de los intereses más conservadores y reaccionarios que tiene el país.

–Se ha dicho que Bolivia sigue siendo un abastecedor de materias primas en el mercado internacional y que el modelo de desarrollo en práctica (que algunos analistas han calificado como extractivista) no cuestiona este papel. ¿Es cierto? ¿Se trata de una fase transitoria de acumulación que se acompaña de una redistribución de la renta?

–Ni el extractivismo ni el no-extractivismo, ni el industrialismo son una vacuna contra la injusticia, la explotación y la desigualdad. En sí mismos, no son ni modos de producir ni modos de gestionar la riqueza. Son sistemas técnicos de procesar la naturaleza mediante el trabajo. Y dependiendo de cómo se usen esos sistemas técnicos, de cómo se gestione la riqueza así producida, se podrá tener regímenes económicos con mayor o menor justicia, con explotación o sin explotación del trabajo.