a solución para los trabajadores indocumentados en Estados Unidos está entrampada debido a que las posiciones entre demócratas y republicanos parecen irreconciliables. Los republicanos pretenden deportaciones masivas, lo cual es impensable, no sólo por su costo, sino porque, les guste o no, son trabajadores importantes para las industrias a las que se incorporan. Los demócratas, si bien plantean la necesidad de una reforma migratoria integral, están deportando indocumentados y aducen como justificación la falta de acuerdo con los republicanos. El resultado es que entre unos y otros mantienen a los trabajadores indocumentados en total indefensión, cuando son personas que trabajan, pagan sus impuestos y ni siquiera pueden recibir la devolución de los mismos, lo que supone un enorme beneficio para el Estado, y no reciben prácticamente ningún beneficio de los programas sociales.

Los republicanos insisten en que los indocumentados han violado la ley y, por tanto, el único castigo es la expulsión. No quieren aceptar que si estos trabajadores se encuentran sin papeles es porque las visas que debieron otorgarse para cubrir las necesidades laborales de una economía en franco crecimiento, como la que vivía Estados Unidos desde finales del siglo pasado hasta la crisis actual, fueron totalmente insuficientes. Los trabajadores pasaron graves y problemáticas condiciones para llegar a Estados Unidos, pero los que lo lograron apoyaron el crecimiento del país vecino.

Los republicanos, ante la profunda crisis que vive el país, que ha producido un enorme malestar entre los trabajadores nativos, desvían la atención del verdadero problema de la economía, culpando a un grupo que ha beneficiado al país y que es ahora mismo una ventaja real para el crecimiento del país, pues las industrias en que se encuentran son un factor que pueden denotarlo.

Los demócratas, por su parte, no son lo suficientemente enjundiosos para defenderlos y por ello sostienen que reforzar la frontera es una estrategia que ha dado resultado, pues la migración se ha reducido. Lo cual es una falacia, ya que si los migrantes han reducido sus flujos no es por el reforzamiento, sino porque saben de la dificultad para encontrar trabajo. Es decir, tanto republicanos como demócratas están entrampados sin ofrecer una solución a los trabajadores indocumentados, a los que mantienen en un inaceptable desamparo.

Lanae Erickson, directora de política y política social del Third Way, think tank de Washington, hace una propuesta muy interesante para solucionar el problema de los indocumentados, partiendo de la idea de que un acuerdo bipartidista parece simplemente imposible, pues si bien todos concuerdan en que el sistema migratorio es un fracaso, ninguno ofrece una solución para los 11 millones de indocumentados que ya viven en Estados Unidos. Su proyecto se basa, según señala Lanae Erickson, en un principio que se encuentra en la base de la propia nación estadunidense: que a los niños no se les castigue por ser indocumentados, pero sí a los padres.

Por tanto, a los niños que hayan llegado con sus padres se les otorgaría una visa que llama Permanent Legal Status-Minor (PLM-M), siempre y cuando no hayan tenido ningún problema con la justicia. Esta visa los protegería de deportaciones, tendrían los mismos derechos en cuanto a servicios tanto estatales como federales de que gozan los otros residentes legales permanentes y podrían entrar y salir libremente del país. No podrían votar o traer familiares migrantes. Pero la visa les permitiría alcanzar la ciudadanía si van a la universidad o sirven en las fuerzas militares y cumplen con sus compromisos. Esta visa, que la autora llama Dream Act Plus, terminaría con el miedo a las deportaciones.

En cuanto a los adultos indocumentados, Erickson propone que se les otorgue una visa que los proteja de las deportaciones, estrategia poco práctica, cara pero sobre todo alejada de los principios de la nación. Esto les permitiría entrar y salir sin ningún problema. Después de cinco años, si el migrante ha cumplido con los requisitos y ha mantenido un expediente intachable, podrá ser elegible para una visa que llama Permanent Legal Status (PLS-A). La ventaja de esta visa es que no podría ser deportado, gozaría de los mismos servicios públicos de los residentes legales permanentes, podría obtener un pasaporte y viajar libremente. Pero no habría ninguna posibilidad de que alcanzara la ciudadanía y estaría impedido de llevar familiares a vivir en Estados Unidos. Este sería –dice la autora– el precio por haber violado la ley.

Una propuesta sin duda muy atendible. Sin embargo, creo que los republicanos no estarían dispuestos a aceptarla, pues argumentarían que el castigo es insuficiente y lo considerarían una forma de amnistía. De ser así, se hace evidente que bajo el disfraz de la legalidad que mantiene a los indocumentados en el limbo jurídico se esconde el verdadero rostro de la negativa: la explotación sin límites.

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