La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó a la Cámara de Diputados que emitirá nuevas sanciones contra funcionarios de la empresa III Servicios –que pertenece a Petróleos Mexicanos (Pemex)– luego de comprobar la existencia de irregularidades en la adjudicación directa de la Estela de Luz a la constructora Gutsa y por el contrato de supervisión de la obra.

Dicho procedimiento está en su etapa final y podría concluir con la inhabilitación de servidores públicos, indicó en un oficio que responde a un punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso.

La dependencia adujo que si el contrato se modificó en dos ocasiones, y esto generó que la Estela de Luz pasara de un costo original de 400 a 880 millones de pesos, más impuesto al valor agregado (IVA), se debió a alteraciones estructurales para que el proyecto fuera viable y al cambio de tipo de cuarzo, así como a correcciones y de cálculo sobre los dictámenes previos al desarrollo del monumento.

Es importante mencionar que la mayor inversión en esta obra se utilizó para los trabajos de cimentación. Asimismo, y de acuerdo con las revisiones de la secretaría, a la fecha no se tiene información de que los recursos no se encuentren aplicados a la obra, resaltó el informe.

En el documento, que se dará a conocer a los diputados en la sesión de hoy, la dependencia federal refiere que inició tres auditorías, dos a III Servicios y una a la participación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, así como dos investigaciones

De las tres auditorías se han determinado 28 observaciones y a la fecha se identifican 18 observaciones de alto impacto, de las cuales, tres se solventaron y las restantes 15 han derivado en procedimientos de responsabilidades administrativas, explicó.

La secretaría recordó que, derivado de los procesos de fiscalización, destituyó e inhabilitó por 12 años para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el gobierno federal, al ex director general de III Servicios Agustín Castro Benítez; y por un año a Ricardo Morales Jaramillo y Rubén Enrique Arenal Alonso, ex gerentes de administración y finanzas, y jurídico, respectivamente.

Además, que interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra cuatro ex funcionarios de III Servicios, y que lleva a cabo un procedimiento de investigación sobre la excepción a la licitación para el contrato de construcción del monumento (y) al momento han comparecido en audiencia 10 empleados de la filial de Pemex.