La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) y la Red por la Paz con Justicia y Dignidad exigieron a autoridades estatales y federales poner un alto a la ola de violencia en la entidad, cumplir su responsabilidad de garantizar la seguridad y esclarecer los asesinatos.

Entre sábado y domingo pasados ocho personas fueron ultimadas en la entidad, entre ellas una menor de 12 años, una mesera en un bar de Cuernavaca, una empleada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y un estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla.

El vocero de la CIDHM, José Martínez, criticó que a meses de concluir su gestión, el gobernador panista de Morelos, Marco Adame Castillo, no haya implementado medidas adecuadas para prevenir y erradicar las ejecuciones.

Subrayó que los homicidios han ido en aumento. En su mayoría, sostuvo, no son investigados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), dependencia que no imparte justicia y menos castiga a los responsables.

Rocato Bablot, de la Red por la Paz con Justicia y Dignidad, expresó que en Morelos y en otros estados no hay justicia y mucho menos voluntad política para esclarecer los asesinatos vinculados con la guerra que el presidente Felipe Calderón inició contra el crimen organizado.

La violencia en Morelos se ha recrudecido. En menos de dos meses ha habido, según testimonios de ciudadanos, al menos 12 balaceras en Cuernavaca, expuso.

Recordó que la semana pasada dos alumnos de la preparatoria particular Universidad Latina fueron encontrados sin vida en un automóvil, y las primeras declaraciones del gobierno fueron que los estudiantes pertenecían al crimen organizado.

Continuó: Eso trató de hacer la PGJE, presidida por Pedro Luis Benítez Vélez, con los siete muertos que fueron hallados en un vehículo el 28 de marzo de 2011, entre ellas Juan Francisco Sicilia.

Entre las ocho personas ejecutadas en la entidad el fin de semana están Margarita Hernández, de 32 años, mesera; Nayeli Bautista, de 12, originaria del Distrito Federal; Norely Yanet Mogollán, empleada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, del DIF, y Dolores Itzitlalata Izucar, estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla, de 22 años.

Ejecuciones

Autoridades reportaron ayer 24 homicidios ligados con el crimen organizado. Nueve ocurrieron en Chihuahua –entre ellas la de Guillermo Castillo, presunto miembro de la organización delictiva La Línea–, cuatro en Durango; cuatro en Coahuila, tres en Zacatecas, dos en Sinaloa y dos más en Nuevo León.

En Sinaloa, el juzgado quinto de distrito ordenó liberar a 10 policías municipales de Guasave, acusados por la Procuraduría General de la República de homicidio en la modalidad de omisión, debido a que no hubo pruebas suficientes para procesarlos.

Los agentes salieron la noche del domingo del penal de Culiacán. Inicialmente, 35 policías fueron acusados de no apoyar a militares cuando se enfrentaban contra criminales. En la refriega murieron tres soldados y dos quedaron heridos.

En tanto, los gobiernos de los municipios coahuilenses de Torreón, Monclova y Piedras Negras despedirán en los próximos días a 200 policías que no aprobaron pruebas de confianza aplicadas por los gobiernos estatal y federal, informó el secretario de Gobierno, Ángel Riquelme.

La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato reportó la aparición de 11 narcomantas en nueve municipios, entre ellos León, Irapuato y Celaya, con mensajes en los que la organización criminal Los caballeros templarios pide al cártel Nueva Generación que salga del estado para evitar enfrentamientos.

Por otro lado, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León ordenó arraigar 30 días a tres jóvenes acusados de ser los responsables de asesinar a 11 personas en el bar La Eternidad, ubicado en Monterrey.