La defensora de la activista Norma Andrade solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que la Agencia Especializada en Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de la dependencia realice la investigación sobre el atentado que sufrió el pasado viernes la fundadora de la organización Nuestras hijas de regreso a casa.

La abogada Karla Michel Salas enfatizó que la agresión –que actualmente es investigada por la Fiscalía Desconcentrada de Coyoacán– sufrida por Norma Andrade no debe ser vista como delito común, pues no se puede descontextualizar de su labor en defensa de los derechos humanos de las mujeres, además de que hay indicios de que se trató de algo más que un simple robo.

En entrevista, señaló que por el momento Andrade continuará en la ciudad de México, mientras se define si se desplaza a otro estado o incluso al extranjero. El Gobierno del Distrito Federal se hizo cargo de su protección, por lo que dispuso de cuatro agentes de la policía de investigación que la custodian las 24 horas del día, aunado a que una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina vigila su domicilio.

Michel Salas señaló que hoy se reunirán con personal de la PGJDF para conocer el avance de la investigación, sobre la cual, dijo, hay varios puntos claves; el análisis de los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona donde se cometió la agresión, en la colonia CTM Culhuacán, delegación Coyoacán, así como los interrogatorios a los testigos de los hechos, pueden permitir un retrato hablado del atacante, pues al menos hay una persona que atestiguó los hechos.

“Incluso –agregó– la misma Norma Andrade ha dado una descripción general de quien la hirió con una navaja en la cara, al describirlo ante el Ministerio Público como un hombre mayor de 30 años, moreno.”

La abogada indicó que si bien la activista se encuentra fuera de peligro por las heridas que sufrió, queda la afectación sicológica, la sensación de impunidad y desprotección, que es una forma de violencia, tolerada y auspiciada por el Estado.