Madrid, 7 de febrero. Los últimos testigos en el proceso contra el juez español Baltasar Garzón comparecieron este martes ante el Tribunal Supremo para pedir se revele la verdad sobre los crímenes del franquismo, cuya investigación llevó al magistrado al banquillo de los acusados.

Lo que queríamos era que la justicia actuara en este caso como en cualquier crimen, afirmó Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que en 2010 presentó una querella en Argentina para que la justicia de ese país investigue las desapariciones de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).

Silva, uno de los expertos que participaron en la localización y apertura de fosas comunes en España, habló de la ejecución de uno de sus abuelos, fusilado por fuerzas franquistas junto a otras 12 personas en octubre de 1936.

Garzón, quien intentó investigar la violación de derechos humanos durante el franquismo, está acusado de prevaricación por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, que tiene vínculos con los sectores franquistas de la sociedad española. Garzón, el mismo magistrado que instruyó procesos contra las dictaduras de Chile (Augusto Pinochet, 1973-1990) y de Argentina (juntas militares 1976-1983), podría enfrentar a una sentencia de 20 años de inhabilitación y una multa millonaria.

En el transcurso del juicio oral, la sala del Tribunal Supremo –integrada por siete magistrados– avaló la teoría del juez instructor y rechazó todos los argumentos de la defensa de Garzón, que a su vez rechazó la instrucción al tener un defecto de forma, pues Luciano Varela, quien ayudó a la acusación particular de Manos Limpias, ayudó a redactar la denuncia que permitía la investigación de Garzón.

La parte más dramática del juicio han sido los testimonios de las víctimas y sus familiares, que han narrado su sufrimiento, así como su necesidad de resarcir la memoria de sus familiares, ante lo cual, piden la restauración de su dignidad y la recuperación de los restos de sus seres queridos, así como la queja reiterada a la justicia española por negar durante casi cuatro décadas una respuesta a los cientos de denuncias para investigar estos crímenes.

Garzón, el único juez que les dio trámite, ha terminado ante un tribunal y al borde de la inhabilitación hasta por 20 años, lo que significaría el final de su carrera como magistrado.