Madrid, 9 de febrero. El juez Baltasar Garzón no volverá a vestir la toga magisterial. El Tribunal Supremo de España lo condenó este jueves a 11 años de inhabilitación –lo que supone el final de su carrera–, al ser encontrado culpable por autorizar escuchas ilegales durante la investigación de la trama de corrupción conocida como el caso Gürtel.

El fallo se conoció 24 horas después de que terminó el juicio oral de otro proceso abierto en su contra, en el cual se solicita que sea inhabilitado 20 años por investigar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). Garzón, desolado, según su abogado, emitió un comunicado en el cual dijo rechazar frontalmente la sentencia.

El magistrado cobró fama por el histórico proceso contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, a quien logró poner bajo arresto domiciliario en Londres por los crímenes perpetrados por su régimen (1973-1990). También inició varios procesos contra militares, marinos y políticos de la dictadura de Argentina (1976-1983).

Desde hace dos años, Garzón vive su propio calvario judicial. En el Tribunal Supremo se le abrieron tres procesos: el de las escuchas ilegales del caso Gürtel, el de los crímenes del franquismo y otro más por un supuesto financiamiento ilegal, o soborno, recibido del Banco Santander.

El primero de los juicios concluyó hoy con la sentencia. Garzón ya no podrá ejercer en la Audiencia Nacional, que había abandonado tras la suspensión temporal pactada mientras solucionaba sus problemas con la justicia. Su abogado reconoció que el juez está desolado y que analiza si recurre al Tribunal Constitucional para apelar.

Eln el caso Gürtel hay numerosos políticos y funcionarios implicados, todos del derechista Partido Popular (PP, en el poder), así como un grupo de empresarios, la mayoría de Madrid, con intereses en los sectores inmobiliario, de asesoría política y de marketing.

Los jueces del Tribunal Supremo, además de condenar a Garzón a pagar los costos del proceso y una multa de 2 mil 520 euros, sostienen que el magistrado utilizó prácticas de regímenes totalitarios, y que al autorizar las escuchas ilegales causó una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa, con lo que habría colocado todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un estado de derecho contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados.

La sala del tribunal sostuvo que la grabación de una conversación entre cliente y abogado no se podía llevar a cabo sin disponer de ningún dato que pudiera indicar mínimamente, en una valoración razonable, que la condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se estaban utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos. No se trata, pues, de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo.

Baltasar Garzón, sentenciado ayer en uno de los tres procesos que enfrenta, en imagen del 17 de eneroFoto Reuters

La sentencia añade que la manera de actuar de Garzón fue un acto de mero voluntarismo que, por su contenido, se aleja de modo arbitrario y absoluto de la aplicación razonada del derecho.

Garzón fue acusado por los dos cabecillas de la trama corrupta: Francisco Correa y Pablo Crespo, este último en libertad bajo fianza, y el primero a punto de ser excarcelado también bajo caución.

El vocero de la comisión de justicia del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Julio Villarubia, señaló: no nos gusta ver que un juez con este perfil sea condenado por un delito tan grave y que, curiosamente, sea el primer sentenciado en esta trama de corrupción, pero acatamos y respetamos la sentencia ya que esa es la grandeza del estado de derecho.

El también socialista Eduardo Madina dijo que es imposible comprender que (uno de los principales implicados en el caso Gürtel, Francisco) Camps haya sido absuelto en el mayor escándalo de corrupción de la historia y el juez que lo investigó sea declarado culpable.

Joan Tardá, de Esquerra Republicana de Cataluña, lamentó que la primera víctima haya sido un juez, pero aprovechó la sentencia para advertir que en 1992 Garzón hostigó, persiguió y permitió malos tratos y torturas a los independentistas catalanes y entonces ni la administración denunció ni el juez se disculpó ante las víctimas.

Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, advirtió que se trata de una “nueva victoria del ‘estado de deshecho’”.

Miles de personas se congregaron hoy en la emblemática Puerta del Sol para expresar su respaldo a Garzón.

Molestan los jueces independientes que quieren acabar con la corrupción y juzgar los crímenes del franquismo, afirmó Jaime Ruiz, vocero de Solidarios con Garzón, la plataforma que convocó a la manifestación.

El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, señaló en este acto que espera una importante reacción popular de todos los demócratas de este país para decir al Tribunal Supremo que la justicia que aplica no coincide con el pensamiento de la mayoría de los ciudadanos.

La plataforma, que reúne a numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos y por la memoria histórica, llamó a los españoles a expresar su indignación y a defender la democracia y el estado de derecho.

Basta ya de mafia judicial. Tenemos memoria, queremos justicia y del Tribunal Supremo fuera fascistas, fueron algunos de los lemas más coreados por la multitud reunida en el también conocido como kilómetro cero de Madrid.

En una reacción poco habitual de la familia del juez, María Garzón Molina, de 27 años, escribió una carta abierta a los que han vertido insultos y mentiras y hoy brindarán con champán por la condena de su padre.

A todos ustedes les diré que jamás nos harán bajar la cabeza, que nunca derramaremos una sola lágrima por su culpa. No les daremos ese gusto. Nos han tocado, pero no hundido, sostuvo.