Madrid, 10 de febrero. El gobierno español, encabezado por el conservador Mariano Rajoy, decretó una reforma laboral que abarata el despido, flexibiliza los requisitos para que los empresarios se amparen en la figura del despido procedente y obliga a desempleados que reciben dinero público a realizar labores para la comunidad. Es una reforma histórica, que marcará un antes y un después, dijo la ministra de Empleo, Fátima Bañez, quien además reconoció que la medida no es suficiente para revertir el alto índice del desempleo, que según el gobierno llegará hasta 25 por ciento de la población activa en los dos próximos años.

Rajoy asumió el poder el pasado 22 de diciembre y desde entonces ha aprobado reformas y medidas económicas en un contexto de crecimiento menor al uno por ciento, tasa de desempleo de 23 por ciento de la población activa –5millones 200 mil personas– y déficit público superior a 8 por ciento. Aprobó un alza de impuestos general, a través de una subida al impuesto de las rentas a las personas físicas y el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Asimismo ha contraído el gasto público, tal y como le ha impuesto la Unión Europea a todos los países que forman parte de la unión monetaria.

Como adelantó en su programa electoral, que lo llevó a alcanzar la mayoría absoluta, Rajoy reformó el mercado laboral asumiendo la mayoría de las peticiones de las agrupaciones empresariales, que reclamaban la flexibilización del mercado laboral. Es decir, abaratar las condiciones para despedir, crear nuevas fórmulas de contratación y aumentar los beneficios fiscales para los empleadores. Antes de aprobar la reforma laboral, el propio Rajoy aseguró durante su primer viaje como presidente del gobierno a Bruselas que la medida le iba a costar una huelga general.

La reforma rebaja la indemnización por despido de 45 días a 33 días. En el caso de que el despido sea procedente, será de 20 días durante. Otra modificación es el cambio en los requisitos para que un empresario apele a un despido procedente cuando la empresa presente pérdidas durante tres trimestres consecutivos. Además, a partir del 31 de diciembre de 2012 los trabajadores no podrán trabajar con contratos temporales más de 24 meses.

El gobierno conservador también aprobó un cambio en la legislación que regula las ayudas públicas por desempleo, por lo cual un desempleado que cobre subvención pública estará obligado a realizar un trabajo social para la comunidad.

La ministra Báñez aseguró que no se van a rebajar las prestaciones, pero sí van a evitar situaciones de fraude, además advirtió que habrá más control del ausentismo.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, señaló que la reforma laboral es un decretazo que tendrá su respuesta en la calle para defender derechos laborales y sociales conquistados durante tantos años. Mientras que el opositor Partido Socialista Obrero Español –que aprobó una reforma laboral similar, pero no tan severa, el pasado 2010– advirtió: esta norma sólo sirve para incentivar el despido.

Disturbios en Madrid

Al conocer el contenido de la reforma, el movimiento del 15M y las diversas plataformas afines, como Juventud sin futuro, convocaron a una protesta de urgencia en la Puerta del Sol, el epicentro de la revuelta de los llamados indignados. En menos de una hora se juntaron más de mil personas, la mayoría jóvenes que gritaron consignas contra el gobierno y la judicatura fascista del país. El gobierno de Rajoy, la policía, bajo las órdenes del ministerio del Interior, disolvió con violencia la protesta, en la que se repudiaba la reforma que, aseveraron los jóvenes, nos condena a un futuro de precariedad, injusticia y miseria.