La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, recalcó que no basta con que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, admita que militares han violado garantías constitucionales. Eso todos lo sabemos; lo que debiera el funcionario reconocer y remediar es la impunidad de miembros del Ejército que han secuestrado y desaparecido a civiles, agregó.

Dirigente también del Comité Eureka, Ibarra advirtió que existe una deuda de las fuerzas armadas con la sociedad, ya que desde siempre se han prestado para reprimir a disidentes al régimen, a estudiantes y a líderes sociales.

Recordó que hay responsabilidad de la cúpula del Ejército en desapariciones forzadas desde la década de los sesenta y en el empecinamiento para mantener el fuero militar o de guerra, en el que se escudan para cometer todo tipo de excesos y abusos contra la población.

Que el general Galván admita que se han cometido errores y vulnerado derechos humanos no es novedad, insistió.

Tengo presente que desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz elementos del Ejército han desaparecido y asesinado a civiles. Soy víctima de esas violaciones. Me quitaron a mi hijo y tengo una lista de más de 500 desaparecidos de la época de (Luis) Echeverría. En esos delitos intervinieron militares.

Tanto los gobiernos del PRI como los del PAN han utilizado al Ejército para reprimir y mantenerse en el poder, agregó. Los militares deben obedecer toda orden del presidente de la República, comandante supremo de las fuerzas armadas, so pena de ser acusados de insubordinación, añadió.

Agregó que Galván, al igual que los titulares de Sedena que le han antecedido, han defendido el llamado fuero de guerra o militar, que es una especie de patente de corso para que cometan todo tipo de atrocidades.

Recalcó que, obligado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente Felipe Calderón presentó en el Senado una reforma al Código de Justicia Militar que elimina el fuero en casos de desaparición forzada, tortura y violación.

Pese a que se trata de una reforma incompleta, ya que no incluye quitar el fuero en otros casos de ilícitos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, entre ellos el asesinato, la cúpula castrense que encabeza Galván se ha opuesto a esa reforma, que permitiría juzgar a militares en tribunales civiles.

El fuero de guerra es un privilegio que vulnera el principio de igualdad de las personas ante la ley, apuntó. Además la imparcialidad de los tribunales militares no está asegurada con absoluta certeza, ya que los jueces de la misma son designados de manera exclusiva por el secretario de la Defensa Nacional, con lo que éste se convierte, en perjuicio del acusado, en superior jerárquico del acusador y del juzgador.

Esas y otras causas hacen del fuero de guerra una constante fuente de violaciones a los derechos humanos. Por eso mi postura siempre ha sido la de suprimir dicha jurisdicción especial, pero el secretario de la Defensa se opone, deploró.