En la última década tres instituciones nacionales e internacionales recomendaron al gobierno mexicano reinstalar y fortalecer la moratoria al cultivo de maíz transgénico, que luego de 11 años de vigencia se levantó en 2009, cuando se autorizó la siembra experimental del grano con vistas a su liberación comercial.

Lejos de acatar esas recomendaciones, el último día del año pasado el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) empezó a liberar las autorizaciones para que las trasnacionales realizaran las pruebas previas a la fase comercial. En principio fue la empresa Monsanto la que se benefició con tres autorizaciones para plantaciones de maíz genéticamente modificado en Sinaloa, en extensiones que, por el momento, no pasan de 150 hectáreas.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) hizo una fuerte crítica a mediados del año pasado a las perspectivas de las autoridades agrarias del país de liberar los cultivos de maíz genéticamente modificado para su explotación comercial, y sugirió al gobierno mexicano que declarara lo antes posible el regreso a la moratoria.

Después de conocer y analizar los datos científicos más recientes sobre los riesgos ecológicos en México del cultivo de maíz transgénico, al culminar una visita oficial del 13 al 20 de junio de 2011, el relator especial para el Derecho a la Alimentación de la ONU, Olivier de Schutter, concluyó que los programas en curso constituyen para el país un paso atrás en la realización del derecho a la alimentación.

Los transgénicos, señaló, plantean graves riesgos para la diversidad de variedades nativas del maíz mexicano. Estimó además –contra lo que sostienen las versiones oficiales– que su utilidad es relativa, ya que esas variedades enfrentan poco los problemas principales, como la resistencia a la sequía o la capacidad de sembrarlas en suelos pobres.

Concluyó: No parece haber otra razón para los ensayos de campo que la de ser el primer paso para la comercialización a gran escala. Advirtió que la expansión de dicho grano provocaría la desaparición gradual de las variedades locales y podría aumentar la dependencia de los agricultores de una tecnología que va a transferir recursos a las empresas de semillas portadoras de patentes, industria que definió como muy acaparada.

En 2009, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, organismo científico de la Semarnat, en el estudio Origen y diversificación del maíz, también pidió reinstalar y mantener la moratoria hasta definir con precisión los centros de origen y diversidad; contar con la infraestructura necesaria para el control de ese maíz; determinar el grado de contaminación de transgenes en las razas del grano en todo el país; llevar a cabo una investigación pertinente sobre el impacto de ese cereal en México y desarrollar programas nacionales de protección, conservación y mejoramiento de las razas de maíz.

La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte divulgó en agosto de 2004 los resultados del informe del secretariado, Maíz y biodiversidad, efectos del maíz transgénico en México, realizado por un grupo asesor de 16 científicos de México, Canadá y Estados Unidos. El documento señala: Dado que la persistencia y la propagación de nuevos genes dependen en forma tan marcada de la tasa del flujo génico, el gobierno mexicano deberá fortalecer la moratoria minimizando las importaciones de países que lo cultivan comercialmente. Por ejemplo, algunas naciones han hecho frente a esta problemática al moler los granos transgénicos en el puerto de entrada.

Con ello se evitaría que los campesinos mexicanos utilizaran los granos importados como semillas.