En junio de 2009, César de Jesús Molina Suárez fue separado de manera fulminante de su cargo de director de las Casas de Cultura Jurídica, dependientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusado de uso indebido de recursos públicos y presuntos desfalcos en su administración. Después de un proceso administrativo que duró dos años y gracias que siete ministros alegaron que hubo una violación en el procedimiento legal en su contra, el funcionario evitó una sanción de 15 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y el pago de 393 mil pesos.

A pesar de la oposición del presidente y ex presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y de los ministros José Ramón Cossío y Fernando Franco, el pleno absolvió a Molina Suárez (quien actualmente es magistrado de la séptima sala regional de lo contencioso administrativo del estado de México) de las acusaciones, porque la Contraloría de la SCJN era incompetente para ordenar de oficio el inicio e instrucción del cuaderno de investigación.

La mayoría pasó por alto que dicho órgano de control había detectado la existencia de diversas conductas presumiblemente irregulares. Se anuló el procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra, y no sólo eso: debido a los vacíos legales que persisten en la aplicación de la carrera judicial, a pesar de que se seguía el procedimiento en su contra, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) le permitió concursar para juez de distrito y ganó.

Fuentes del CJF señalaron que gracias a esa decisión, Molina Suárez, quien fue adscrito al tribunal de lo contencioso administrativo mexiquense el primero de abril de 2011 –antes de que la Corte definiera su caso–, está en condiciones de solicitar, en el momento que quiera, su nombramiento de juez de distrito.

En sesión privada realizada el 19 de septiembre pasado, otros siete funcionarios judiciales acusados de cometer diversas irregularidades también fueron beneficiados por la traba impuesta por la mayoría de ministros a la revisión de cuentas.

En aquella ocasión los ministros discutieron el proyecto de dictamen elaborado por Fernando Franco, el cual declaraba procedente y fundado el procedimiento de responsabilidad administrativa y proponía imponer sanciones a los funcionarios siguientes: César de Jesús Molina Suárez, inhabilitado 15 años para ocupar cualquier cargo o comisión del servicio público, y una sanción económica de 390 mil 33 pesos.

María de los Ángeles Alcalá, inhabilitación por 10 años y destitución del puesto de directora de área adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos; Ingrid Esterai Guido Montes de Oca y Felipe Morales Ruelas, inhabilitación de 10 años; Édgar Ulises de Paz Bernal, suspensión por seis meses; Alejandra Saucedo González, Claudia Marcela Lira Castillo y Héctor Alejandro Vázquez Covarrubias, suspensión por un mes.

El ministro presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza, señaló en aquella sesión: se trata de probables infracciones que pueden quedar impunes por una interpretación que deja a la Contraloría de la Corte maniatada y carente de fuerza.

Sin embargo, la mayoría no compartió su criterio.