Las organizaciones que integran la Caravana del hambre exigieron al gobierno federal garantizar la entrega suficiente de maíz y frijol a las comunidades rurales y actuar conjuntamente con las autoridades de los estados y municipios para evitar que la ayuda de las despensas se concentre en algunas regiones.

Antonio Tirado, dirigente de la Unión Campesina Democrática, dijo que ante las importaciones de ambos alimentos básicos no se justifica el alza de los precios de la tortilla ni del frijol. La Procuraduría Federal del Consumidor tiene que castigar a los especuladores.

El precio del kilogramo de tortilla está en 12 pesos y algunos industriales estiman que antes de que concluya el primer semestre el costo será de 15 pesos. En el caso del frijol, está escaseando en Coahuila, Zacatecas, Chihuahua y San Luis Potosí, y se vende en 25 pesos el kilogramo. Las pérdidas son más elevadas de lo que acepta el gobierno. Nosotros estimamos que sólo se obtuvieron 200 mil de las 700 mil toneladas que se esperaban en la cosecha anterior.

Expuso que en las dos reuniones programadas en la Secretaría de Gobernación, los integrantes de El Barzón, Frente Democrático Campesino de Chihuahua, Confederación Nacional Campesina, entre otras que participan en la caravana, se ha insistido en concretar un mayor dinamismo en la creación de empleos temporales y expansión de las zonas de riego, ya que se calcula que 60 por ciento de la producción de granos proviene de dichas regiones.

La aceptación del gobierno de entregar por adelantado el Procampo y cambiar las reglas de operación de éste y otros programas, así como reactivar todas las tarjetas para la recarga de diesel agropecuario, es resultado de las negociaciones sostenidas en la Secretaría de Gobernación, pero es necesario que se sumen a la aplicación de ellos los gobiernos de los estados y municipios, por ejemplo en la entrega de las despensas.

Las organizaciones esperan que antes de finalizar febrero se instalen las mesas de negociación intersecretariales en los cinco estados más afectados por la sequía.

Los integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) demandaron al coordinador del programa nacional de apoyo para las empresas de solidaridad, Roberto Karam Ahuad, que se sume a las acciones emergentes en las entidades afectadas por las sequías y heladas para que la población de bajos recursos pueda integrarse a proyectos productivos.

En la reunión con el CAP, Karam Ahuad mencionó que en Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas habrá una reasignación de recursos para apoyar proyectos productivos con 354 millones de pesos. Este año la institución respaldará 12 mil proyectos productivos, y hasta la fecha se han recibido 48 mil solicitudes o folios, que rebasan 12 veces el presupuesto del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, dijo.