n los proyectos y programas de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) aparecen vocablos que, a la larga, denotan lo contrario de lo que se proponían: fortalecimiento, oportunidades, capacitación, transparencia, participación, y un largo etcétera de verbos buena onda: promover, establecer, desarrollar, impulsar, educar, difundir…

Y, en paralelo, ciertos intelectuales y movimientos de la izquierda declarativa atacan con más énfasis la política económica extractivista de de los gobiernos apenas progresistas, que el largo historial de organismos injerencistas como la USAID, al servicio de los grupos golpistas, oligárquicos y proimperialistas.

Entre los principales ejecutores de los programas USAID en Ecuador figura, por ejemplo, la misma empresa que en Bolivia opera con la derecha (Chemonics Inc) y la golpista Participación Ciudadana, clonada de la venezolana Súmate.

En junio de 2010, el presidente Rafael Correa convocó en Otavalo (ciudad indígena a 60 kilómetros al norte de Quito) a la décima cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), bloque que reúne a Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Surinam, más los caribeños estados de Antigua y Barbuda, San Vicente y Granadinas.

Allí, y en vista de lo acontecido en Honduras un año antes, Correa denunció que estaba en marcha una conspiración para derrocar a su gobierno, y habló de la necesidad de evitar que enemigos de los pueblos manipulen reivindicaciones indígenas contra los gobiernos progresistas de la región.

Entonces, un impetuoso chamán de la superizquierda plebeya igualó las declaraciones del gobernante con los mismos argumentos de sus enemigos, cuando acusaban a los movimientos sociales de formar parte de la subversión comunista internacional, o de estar financiados por el oro de Moscú (sic).

Añadió: Dos errores: creer que los indios pueden ser manipulados, y que lo son desde fuera del país. No es extraño que hayan sentido las afirmaciones de sus presidentes como agravios que buscan desviar la atención de los verdaderos problemas.

Tres meses después, el 30 de septiembre, Correa fue detenido por un grupo de policías golpistas, mientras el diputado Cléber Jiménez, jefe de la bancada del partido Pachakutik (brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie), exigía la renuncia del presidente con un argumento típico de la derecha: la crisis social y el estado de grave conmoción social.

A diferencia del chamán, el presidente fue claro: entre los movimientos sociales e indígenas existe un sector que recibe financiamiento y lineamientos para provocar situaciones de desestabilización en el país.

Uno de los líderes movimientistas más conocidos es la asambleísta Lourdes Tibán (Pachakutik), quien forma parte de un engendro de la USAID: la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador, que junto con la Fundación Quellka, y la Fundación para el Avance de las Reformas y Oportunidades (FARO) apoyaron el intento de magnicidio y golpe de Estado.

Por otro lado, resulta ilustrativo ventilar la hoja de vida de Heather Hodges, quien fue subdirectora de la Oficina de Asuntos Cubanos, división del Departamento de Estado (1991), y enviada después a Nicaragua para consolidar el régimen derechista de Violeta Chamorro.

Más tarde, Hodges fue embajadora en Moldavia, y antes de su partida dejó minado el terreno para la fallida revolución de colores en aquel país socialista que antes formaba parte de la Unión Soviética (2009).

En Ecuador, la señora Hodges logró incrementar el presupuesto de la USAID para las organizaciones sociales y grupos políticos que promueven los intereses de Estados Unidos en el sector indígena. En 2010 el Departamento de Estado aumentó el presupuesto de la USAID a más de 38 millones de dólares.

Según El Telégrafo de Guayaquil (7/2/2011), la USAID repartió millones para asistir monetaria y logísticamente a 108 proyectos en biodiversidad, agua, petróleo, desarrollo municipal, empresas locales, la promoción de tratados de libre comercio, y la autonomía regional a través de la radio, tv y prensa ecuatorianas, junto con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política.

La expulsión de la embajadora Hodges (abril 2011) fue a consecuencia de la filtración de un cable por Wikileaks, donde se afirma que el presidente Correa nombró en 2008 a un jefe de la policía, a pesar de que sabía que era corrupto.

El canciller Ricardo Patiño fue categórico: Ecuador ha decidido considerar a la señora Hodges como persona no grata para el gobierno nacional, y hemos pedido que abandone el país en el menor tiempo posible.

Sin embargo, restan las fundaciones y organismos no gubernamentales que conspiran con la derecha y reciben dinero de la USAID. En días recientes, el presidente Correa anunció que promueve un proceso de regularización de todas estas organizaciones “…porque en muchos casos –dijo– sus actividades se dedican a hacer política deliberadamente, para tratar de generar caos, imponer políticas foráneas y desestabilizar a gobiernos progresistas”.