La discriminación racial sigue siendo práctica generalizada y constante en México, y dos de los grupos más expuestos son los migrantes indocumentados y los pueblos indígenas, por lo que es urgente que las autoridades adopten medidas para revertir esta situación, advirtió Amnistía Internacional (AI) en un documento que hizo llegar al Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial (Cerd), instancia que recibió en Ginebra, Suiza, a una delegación del gobierno mexicano que presentó un informe sobre los avances del país en la eliminación de dicha práctica.

Al respecto, Rupert Knox, investigador de AI especializado en México, señaló que para los migrantes, la discriminación significa sufrir extorsión, malos tratos, secuestro, violación, asesinato y reclutamiento forzoso por bandas delictivas.

Advirtió que para los pueblos indígenas significa vivir en la pobreza y la marginación extremas, prácticamente sin acceso a servicios básicos y a la justicia, y sufrir ataques al intentar defender sus derechos.

Para sustentar dichas observaciones, el colectivo de derechos humanos entregó un documento al Cerd, en el cual detalla la situación de ambos grupos vulnerables, así como la falta de compromiso del gobierno mexicano para remediarla.

En el texto, AI subraya que decenas de miles de migrantes indocumentados son víctimas de extorsión, malos tratos, secuestro, violación, asesinato y reclutamiento forzoso de bandas delictivas, con la complicidad o la aquiescencia de las autoridades en muchos casos, por lo que recomendó al gobierno que proteja a los migrantes en situación de riesgo, investigue todas las denuncias de abusos y cree una base de datos de indocumentados desaparecidos.

En cuanto a los indígenas, AI sostuvo que la mayoría vive en condiciones de extrema marginación y pobreza, y están expuestos a índices elevados de mortalidad materna, falta de servicios de salud y de acceso a la justicia, y sin ser consultados sobre los megaproyectos económicos que afectan sus territorios.

Por todo ello, apremió al Estado mexicano a que garantice el derecho de los pueblos originarios a la salud y la justicia; decline su intención de construir la presa hidroeléctrica de La Parota y cumpla a cabalidad las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, agredidas sexualmente por soldados en 2002.