La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue objeto de una reforma y adhesión en los artículos quinto, 23 y 24, para constituir una visitaduría en asuntos indígenas que atienda y resuelva las quejas de un sector de la población tan importante, que suma 11 millones de personas en el país.

La aprobación fue controvertida porque Pablo Escudero (PVEM), quien fungió como oficial mayor de la CNDH, rechazó la propuesta por considerar que la cuarta visitaduría en funciones se encarga de resolver las quejas presentadas por los indígenas cuando se ven afectados sus derechos humanos.

No obstante, los argumentos de diputados de PT, PRI y PRD se impusieron a los señalamientos del pevemista, porque las instituciones del Estado adeudan al sector indígena nacional un órgano que atienda sus quejas y demandas.

Teresa Guadalupe Reyes, del PT, insistió en que las condiciones de seguridad que prevalecen en el país colocan en riesgo a la población indígena. Efectivamente, la constitución de la visitaduría especial es uno de los adeudos que tienen esta legislatura y el Estado frente a los pueblos indígenas.

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, el priísta Jorge González Illesca, consideró que la respuesta del pleno camaral al sector indígena debe sustentarse en la real aplicación de los presupuestos para abatir la pobreza y la marginación. Lo ideal sería que no hubiera discriminación. Por supuesto que aquí debiéramos nosotros estar escuchando que todos los mexicanos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades. En el sector indígena no se ve esta condición, porque es ahí donde está el mayor porcentaje de pobres y marginados.

También el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del PT, rechazó el argumento de Escudero, porque en la actual legislación no existe una visitaduría general en asuntos indígenas. Lo que está en la ley es una visitaduría general donde existe un área administrativa que atiende asuntos indígenas, pero no hay una visitaduría especial. Las razones por las que estoy en contra de lo dicho por Pablo Escudero es que son deudas sociales e históricas.

El proyecto de dictamen fue aprobado con 220 votos en favor, 53 en contra y 21 abstenciones.

Tutelan derechos de jóvenes conscriptos

El pleno camaral también aprobó una reforma a la fracción segunda del artículo 24 de la Ley del Servicio Militar, que tiene como propósito garantizar los derechos humanos de los jóvenes que se incorporen de manera voluntaria al Ejército, y que se prohíba y frene la decisión de los superiores de canalizar adolescentes a conflictos armados o a operativos contra la delincuencia organizada.

Enrique Ibarra, secretario de la Comisión de Defensa Nacional e integrante del grupo parlamentario del PT, sostuvo que su bancada no podrá atentar contra la integridad de los jóvenes entre 16 y 17 años, y por esa razón respaldarían la postura de que no participen en cuestiones beligerantes o armadas que pongan en inminente riesgo su vida.

Recordó la propuesta de reforma a los artículos 56 y 57 del Código de Justicia Militar para derogar el fuero de guerra en casos de delitos cometidos por efectivos militares contra víctimas civiles.

Esta cámara debe emprender esta reforma, dado que (el presidente Felipe) Calderón envió una iniciativa sobre esta materia que significa un engaño, una burla a nuestras obligaciones internacionales, porque su propuesta se restringe a la jurisdicción civil, a juzgar, investigar y sancionar los delitos de desaparición forzada, secuestro y violación cometidos por militares, pero no ataca el punto medular: que cuando se cometan faltas de efectivos militares contra civiles sean juzgados por órganos del fuero común.