Dos nuevos proyectos mineros de oro, Mina San Antonio, cerca de La Paz, Baja California Sur, y Caballo Blanco, en Veracruz, a tres kilómetros de la central nuclear Laguna Verde, provocaron la movilización de habitantes y de científicos que ven riesgos para la población y aun para la seguridad del país.

La aprobación del proyecto minero Caballo Blanco de la empresa canadiense Gold Group no sólo representa un riesgo para la seguridad nacional, sino que deteriorará patrimonio cultural e histórico y el medio ambiente, afectando a 6 mil habitantes de 70 comunidades, de acuerdo con una carta enviada al presidente Felipe Calderón por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental.

El proyecto se encuentra a poca distancia de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde y a dos kilómetros de los ductos de Petróleos Mexicanos. Se espera que esta planta utilice 5 mil 510 toneladas anuales de explosivos, así como materiales altamente peligrosos durante un periodo de cinco a 10 años continuos, es decir, 16.8 toneladas al día.

Esta situación representa una grave amenaza no sólo a la integridad ambiental y a la seguridad de las personas de la región sino a la seguridad nacional, al poner en peligro la operación de la central nuclear que opera con estándares de seguridad internacional, agregaron las agrupaciones.

Estas concesiones mineras abarcan unas 50 mil hectáreas ubicadas entre los municipios de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Actopan, Veracruz. El proyecto prevé producir anualmente 100 mil onzas de oro a partir de este año, con una explotación de entre 6 y 10 años. Se extraerían y transportarían diariamente 30 mil toneladas de tierra, lo que requiere un uso intensivo de energía, 100 mil litros de diésel mensuales, y 3 mil metros cúbicos de agua cada día.

El área de concesión minera abarca sitios de importancia arqueológica y ecológica, como manglares, vegetación de duna costera, remanentes de bosques de encino tropical y selva baja caducifolia, que se extinguirán, advirtieron.

En tanto, el megaproyecto de la Compañía Minera La Pitalla se ubicaría a menos de 40 kilómetros de La Paz, Baja California Sur, en una región donde el agua es escasa; se usará cianuro en los metales y se haría a tajo abierto en 759 hectáreas, informaron el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Niparajá, entre otras organizaciones.

Ante el temor de los pobladores de que el plan signifique un daño ambiental, este miércoles se realizará una reunión pública de información. Con esta explotación la empresa prevé obtener 38 toneladas de oro.

La megaminería constituye una apuesta muy grande y riesgosa, puesto que no hay certeza de lo que se ganará, pero sí de lo que puede perderse. Está en juego la política de planeación municipal en un estado que dice sustentarse en el turismo, dijo Mario Sánchez, abogado del Cemda.