San Miguel de Allende, Gto., 16 de febrero. Unas 50 personas, entre huicholes y activistas, pidieron a la embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, su intervención para evitar que la empresa canadiense First Majestic explote plata y destruya la zona de Wirikuta, territorio considerado sagrado por los indígenas.

Canadienses, respeten nuestra tierra, Mineras canadienses ilegales y sucias, se leía en algunas de las pancartas que mostraban los manifestantes, quienes se apostaron afuera del hotel posada Santa Fe, donde la diplomática se reunió con un grupo de sus connacionales, radicados en San Miguel de Allende.

Como parte de la protesta, los inconformes colocaron cactáceas secas en el jardín principal de la ciudad, pues aseguraron que los trabajos de dicha compañía destruirán 29 especies en peligro de extinción.

Al término del encuentro que sostuvo Hradecky, el huichol Jesús Lara Ibarra y el presidente del jardín botánico El Charco del Ingenio, César Arias, le entregaron dos cartas en las que exigen la intervención del gobierno de Canadá para impedir la devastación del centro ceremonial de Wirikuta y la flora del lugar.

También le dieron una copia de la Declaratoria de Wirikuta que el mes pasado elaboraron indígenas de Durango, Jalisco y Nayarit, en la que expresan que el pueblo wixárika se encuentra unido, en pie de lucha espiritual; no permitiremos que muera nuestra herencia cultural y como consecuencia nuestra convivencia con nuestros ancestros y de la madre tierra.

Sara Hradecky, quien fue nombrada embajadora en México en noviembre pasado, se comprometió con los quejosos a atender sus demandas y se retiró.

Lara Ibarra criticó que el gobierno de Felipe Calderón no haga valer los derechos de los pueblos indígenas y haya entregado 22 concesiones para que First Majestic explote 70 por ciento de la superficie de Wirikuta y de Real de Catorce, en San Luis Potosí.

En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) refrendó su apoyo al pueblo wixárika (huichol) para evitar que se cometan violaciones de derechos humanos por posibles agravios a su identidad cultural y religiosa con la operación de una empresa minera en el territorio de Wirikuta.

El 9 de agosto de 2010, la CEDHJ dio a conocer un primer pronunciamiento en el que aseguró que Jalisco no garantiza a las comunidades indígenas wixaritari el acceso a sus derechos culturales, ya que han sido despojados de sus símbolos y lugares sagrados de mayor relevancia.