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Es histórico; hay que decir alto a este poder que se creía invencible, dice el presidente

Ratifican fallo favorable a Correa contra diario El Universo en Ecuador

Cárcel y pago de 40 mdd a tres directivos de la publicación; no es de ejecución inmediata

Carlos Pérez Barriga, uno de los ejecutivos del periódico sentenciados, recibió asilo en Panamá

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El presidente de Ecuador Rafael Correa celebra con su abogado Alembert Vera, tras escuchar el veredicto a su favor en la demanda que entabló contra el diario El Universo, ayer en la Corte Nacional de JusticiaFoto Xinhua
 
Periódico La Jornada
Viernes 17 de febrero de 2012, p. 31

Quito, 16 de febrero. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ratificó hoy una sentencia que impone tres años de cárcel y el pago de 40 millones de dólares a tres directivos del principal diario del país, El Universo, por haber publicado, sin pruebas, que el presidente Rafael Correa ordenó al ejército disparar contra un hospital de la Policía Nacional, donde se refugió durante un fallido intento de golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010.

El veredicto dictado este jueves por el máximo tribunal ratificó las resoluciones de dos cortes de menor autoridad judicial, que previamente determinaron que el columnista Emilio Palacio y los directivos del diario, los hermanos Carlos –quien hoy recibió asilo en Panamá–, César y Nicolás Pérez Barriga, incurrieron en el delito de injurias calumniosas contra el mandatario.

La columna de Palacio fue publicada el 6 de febrero del año pasado con el título No a las mentiras, en la que escribió que el mandatario electo en 2006 y ratificado en el cargo tres años después, cometió un crimen de lesa humanidad.

Lo llaman el dictador

El periodista del diario publicado en Guayaquil, principal bastión de la derecha ecuatoriana, se refierió a Correa como el dictador en ese texto y en otras columnas donde escribe haciendo referencia al presidente, sin mencionar su nombre.

El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben, escribió Palacio, quien hace semanas renunció a El Universo y buscó asilo en Estados Unidos, una vez instalado en Miami, Florida.

El 30 de septiembre de 2010, Correa acudió al principal cuartel de la Policía Nacional en la capital ecuatoriana para defender personalmente la promulgación de una nueva Ley Orgánica del Servicio Público, que un sector de los uniformados consideraba contraria a sus intereses. Ahí, el presidente fue capturado y encerrado en el hospital policial aledaño, hasta que comandos militares irrumpieron en el nosocomio para rescatar al mandatario.

Según Palacio, todas las pruebas para acusar a los golpistas se han deshilvanado y el dictador por fin comprendió (o sus abogados se lo hicieron comprender) que no tiene cómo demostrar el supuesto crimen del 30 de septiembre, ya que todo fue producto de un guión improvisado.

En respuesta a lo escrito en la columna, Correa demandó a Palacio y a los dueños de El Universo en marzo de 2011, por lo que el caso se ventiló en dos cortes y finalmente en el máximo tribunal. La audiencia en el tercer tribunal penal de la CNJ comenzó el miércoles a primera hora y se extendió hasta la madrugada de este jueves.

En su sentencia, el presidente del tribunal citado, Wilson Merino, estableció que los recursos de casación (anulación) formulados por los querellados son improcedentes, por lo que el caso será devuelto al tribunal inferior para su ejecución.

Tras la resolución, las partes pueden solicitar aclaraciones y ampliaciones del fallo, por lo que la condena no es de ejecución inmediata y ni el periodista ni los dueños del diario con nueve décadas de existencia tendrán que ir de inmediato a prisión o pagar los 40 millones de indemnización a Correa.

Durante el proceso en tribunales, Palacio y los hermanos Pérez Barriga no presentaron las evidencias que permiten validar las afirmaciones hechas por el columnista en su texto de febrero de 2011.

Tras dar a conocer el fallo, Correa afirmó: “esto va a cambiar la historia y se va a entender que la libertad de expresión es derecho de todos y que es necesario respetar la honra y la reputación de las personas.

Hay que decir alto a este poder que se creía invencible. Esto es histórico, se ha demostrado que no son invencibles, agregó.

Correa dijo además que las sentencias emitidas por los dos jueces de tribunales menores y por la Corte Nacional de Justicia demuestran tres hechos: que El Universo mintió; que el responsable no es sólo quien escribe, sino también quienes permitieron la injuria, y que la culpa es también de la empresa.

El abogado del mandatario, Alembert Vera, explicó que de acuerdo con el veredicto judicial, 30 de los 40 millones de dólares –la moneda de curso legal en Ecuador– deben ser pagados por los hermanos Pérez Palacio, en calidad de personas naturales, mientras que los 10 millones restantes deben ser liquidados por la compañía editora de El Universo, en su condición de sociedad anónima.

Dado que el fallo de la CNJ no tiene efecto inmediato, Correa afirmó hoy que en los próximos días estudiará con su equipo de asesores la posibilidad de conceder a los sentenciados una remisión de la pena, lo que en el lenguaje jurídico significa que el quejoso tiene el derecho de perdonar a los ofensores y evitar que paguen la indemnización y sean encarcelados.

El caso Correa versus El Universo desató reacciones internacionales este jueves. El gobierno de Panamá confirmó haber concedido el refugio a Carlos Pérez Barriga, con base en una tradición diplomática practicada por este país del istmo centroamericano. Los otros dos hermanos están también en Estados Unidos, en una gira internacional para dar a conocer su versión de los hechos.

En un inusual comunicado conjunto, los relatores especiales para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero, y el de Naciones Unidas, Frank La Rue, manifestaron su profunda preocupación por el fallo del máximo tribunal ecuatoriano, debido al hecho de que en el país sudamericano se utilice el derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos, lo que es contrario al artículo 13 de la Convención Americana en la materia.