El PAN en el Senado pretende que se apruebe en este periodo de sesiones la iniciativa del presidente Felipe Calderón para modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, detenida desde hace tres años en esa cámara, ya que la mayoría de los grupos parlamentarios consideran que vulnera garantías constitucionales.

La iniciativa presidencial propone que se castigue la portación de armas, con prisión hasta de 27 años, a todos los integrantes de una banda, sin importar que uno o varios de ellos no tuvieran consigo ningún armamento de alto poder en el momento del ilícito.

El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, revivió la iniciativa y presentó un anteproyecto de dictamen en el que se incluye esa nueva penalidad que, a decir del ex perredista Tomás Torres, pretende sancionar a alguien por lo que no ha hecho.

El titular del Ejecutivo planteó algo similar, en otra de sus iniciativas frenadas en el Senado: las reformas al Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales, conocidas como la ley de cadenas delictivas, donde se sanciona colectivamente a quienes conforman un grupo criminal, aun a quienes no participaron en el delito específico a juzgar.

En el caso de las reformas a la Ley Federal de Armas y Explosivos, remitidas por Calderón al Senado en abril de 2009, se argumenta que hoy día sólo se sanciona por la portación de armas al individuo que materialmente la poseyó o utilizó durante el hecho delictivo, aunque todos los partícipes en ese ilícito se beneficiaron con dicho instrumento.

Esa parte de la conducta, se agrega en la exposición de motivos, no les es imputable, por lo que se hace necesario adecuar el marco normativo para sancionar la responsabilidad de los integrantes de un grupo delictivo que portan un arma, con independencia de quien la posea físicamente.

Contra la doctrina penal

Torres, hasta el viernes presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, una de las dictaminadoras, consideró que no se puede sentenciar por portación de armas a alguien que no las tiene en ese momento, sólo porque, por ejemplo, va en una camioneta con cinco o seis personas que sí están armadas.

Ello es ir contra la doctrina penal, contra sentencias de la Suprema Corte en materia de portación de armas y transitar hacia un Estado autoritario, donde se pone en los hombros de los ciudadanos las ineficacias de la autoridad.

Es una reforma centrada en endurecer las penas y en incluir en la Ley Federal de la Delincuencia Organizada varios tipos penales más, entre ellos la posesión, portación colectiva, introducción ilegal de armas y municiones, así como el transporte de material o armas de fuego.

Plantea, de entrada, actualizar la restricción de poseer municiones modificadas o con artilugios destinados a infligir mayor daño a los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado que se enfrentan a la delincuencia.

Establece que las armas de fuego cuyo mecanismo sea modificado, o sean utilizadas con proyectiles alterados –entre ellas pistolas, carabinas, fusiles y subfusiles– serán consideradas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y, en consecuencia, su posesión o portación serán sancionadas con mayor dureza.

Así, la iniciativa de Calderón pide de siete a 18 años de prisión, además de multa, cuando la cantidad de armas que se porten sea menor o igual al número de personas involucradas en el delito y que por lo menos una de ellas sea de uso exclusivo del Ejército o se trate de simples pistolas con municiones alteradas.