El Instituto Federal Electoral (IFE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) firmaron un convenio de colaboración para la promoción de un voto libre y razonado, para lo cual se instalará una comisión técnica.

El dirigente patronal Gerardo Gutiérrez Candiani señaló que no se repetirá la experiencia de 2006, si bien no reconoció que en aquella elección presidencial el sector empresarial violentó la ley electoral.

Entrevistado al término de la firma del convenio, Gutiérrez Candiani señaló que el sector empresarial no tiene candidatos de preferencia, sino buscará quién de los aspirantes a la Presidencia asume realmente los compromisos con el país y con el sector. Puntualizó que a diferencia de hace seis años, ahora hay un nuevo marco legal que impide a particulares la contratación de espots.

Sin embargo, consideró urgente que exista una reforma a la legislación electoral que favorezca la libertad de expresión, la cual, en su consideración, se vio mermada por la reforma electoral. Rechazó que esta inhibición de la libre expresión sea solamente por la imposibilidad de contratar promocionales, sino que afecta a otros aspectos, como la realización de debates en los medios de comunicación.

Durante la ceremonia, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, subrayó que la promoción del voto propicia una sociedad abierta y contribuye al desarrollo de la democracia. La experiencia de nuestra transición política muestra que estimular el sufragio constituye una práctica que contribuye a la construcción de ciudadanía.

En su discurso, Gutiérrez Candiani aseguró que promoverán el voto a través del programa Votaremos por los Mejores, que pretende un voto razonado, a partir de lo cual se contribuya a la construcción de una ciudadanía más participativa y exigente que agilice los cambios que requiere el país.

El consejero presidente del IFE consideró que en principio se parte de la convicción de que Coparmex tiene perfectamente claros los nuevos términos legales para la promoción del voto, que pugna por evitar que organizaciones sociales favorezcan o perjudiquen a un partido político.